Un aplauso oficialista acompañó minutos antes de las 11.30 el quórum alcanzado por el oficialismo para arrancar con la sesión especial para debatir la controvertida ley de Medios. Recién entonces los opositores del Acuerdo Cívico y Social y Unión PRO comenzaron a ingresar al recinto.

Y precisamente un representante de la Coalición Cívica fue el primero en hablar. Fue Adrián Pérez, quien trató de abortar la sesión con una moción de orden, argumentando el poco tiempo que había tenido el tema para su estudio, tras la tormentosa discusión en el plenario de comisiones del día anterior. Previsiblemente, la moción fue rechazada.

Tras ello, arrancaron los discursos del oficialismo, con un discurso del presidente de la Comisión de Comunicaciones, Manuel Baladrón, quien prometió en su discurso la aprobación del proyecto a lo largo del día.

“No es verdad que esta ley afecte la libertad de expresión, que querramos silenciar a nadie en la Argentina”, proclamó, rechazando que se trate de una ley mordaza. “El peronismo nunca le puso mordazas a nadie”, remarcó. “Lo único que queremos hacer es ver cómo regulamos un sistema de medios audiovisuales más justo, más democrático”, sostuvo.

Además, el diputado pampeano puso especial interés durante todo su mensaje en la legitimidad que le correspondía al actual Congreso para tratar ese proyecto, atacando el argumento opositor referido a la premura oficialista. “Debe ser la ley que llega con más aire para su tratamiento”, dijo. Aseguró además que “esta ley es una de las más importantes que vamos a debatir en el Parlamento argentino”, y concluyó pidiendo tener cuidado con la “pulseada de poder” que se está dando, referida a “quienes son los que hacen las próximas transformaciones en la Argentina: las corporaciones o la política”.

Tras ello, la diputada Patricia Bullrich pidió una cuestión de privilegio argumentando que “quieren terminar una ley de la dictadura con una metodología dictatorial”.

“Han disminuido mi condición de diputada de la Nación”, sostuvo al denunciar que no habían podido contar con el texto ordenado, ni discutir los articulados del proyecto “presentado ayer entre gallos y medianoche. Hemos asistido a reuniones secretas”, dijo y denunció que concurría al recinto “sin poder conocer el texto del proyecto en debate”.

En ese marco, Bullrich denunció que “este es un proceso irregular que deberá ser interpretado en forma constitucional” y advirtió que la Corte Suprema deberá analizar la legitimidad de esa sesión.

Por su lado, Miguel Bonasso recordó haber sido de los diputados que se retiraron del recinto cuando por ejemplo Juan Carlos Blumberg “llegó a la insolencia de pedir la palabra en este recinto”. Esto vino a propósito de las reformas del Código Penal aprobadas entonces, cuando “los medios dictaron lo que había que hacer”. En sus referencias a personajes “mediáticos”, Bonasso también “atendió” a Alfredo De Angeli, al hablar de aquellos campesinos que “no tienen el espacio de De Angeli”.

Luego fundamentó su dictamen de minoría, enfatizando en que la principal diferencia estaba en la autoridad de aplicación. “Esto no puede ser manejado por un Gobierno”, remarcó, aclarando que no se refería puntualmente al de Kirchner.

“Nosotros no podemos legislar para el jueves”, dijo, al reclamar legislar para el futuro. Propuso entonces en lugar de la autoridad federal que sea “otro poder del Estado el que ejerza el control, este Parlamento”. Que en el ente autárquico, se integren seis miembros, tres figuras de las más respetadas, tres elegidos por la Cámara de Diputados a través de sus tres primeras minorías; otros tres por el Senado y el presidente del organismo elegido por el Consejo Consultivo. Todo ello destinado a eliminar cualquier atisbo de parcialidad en el sentido de cambiar un monopolio por otro.

Luego ejemplificó con el intento de compra del diario Crítica por parte de Electroingeniería, grupo vinculado al kirchnerismo.

Así las cosas, reclamó que “sea ese Parlamento el que tenga el control de la autoridad de aplicación”.

José Brillo habló a continuación, como autor de otro dictamen de minoría y criticó al proyecto oficial porque “pretende legislar para atrás”. Asimismo, dijo que la autoridad de aplicación no garantiza la imparcialidad y elimina con su proyecto la presencia oficial, a fin de darle autarquía a la autoridad de aplicación. Le traspasa todas las facultades del Poder Ejecutivo Nacional a la autoridad de aplicación.

A su vez, el directorio debería tener la presidencia del PEN, pero el resto de los integrantes deben ser designadas por un consejo federal, que debe ser jerarquizado y tenga la facultad de designar y remover a las autoridades.

Reclamó además el mantenimiento de los compromisos con los actuales concesionarios de medios de comunicación. “Esta ley resulta claramente improcedente por afectar derechos adquiridos”, advirtió.

Por su parte, el diputado Fernando Iglesias consideró a la ley inconstitucional al menos por dos artículos, y apuntó también contra medios que “funcionan vergonzosamente como agencias de publicidad del Gobierno”. Citó como tales a Canal 7, Radio Nacional y la agencia Télam.

Advirtió también que “asistimos a la destrucción del Estado” en función de “la revitalización del Estado”. Destacó en tal sentido que “ya se cargaron al INDEC, ahora se cargan a la AFIP. Destruyen el Estado cuando destruyen al INDEC, destruyen al Estado cuando usan a la AFIP como fuerza de choque”.