El presidente del bloque de la Concertación, Hugo Prieto, defendió en el recinto el proyecto de ley de medios audiovisuales, del que su bloque, junto con los bloques Concertación- Forja y Partido Nuevo, lograron introducir las modificaciones que habían propuesto, en referencia al no ingreso de las telefónicas al mercado de medios audiovisuales, ya que al aceptarlas no resignan su posición monopólica en el mercado de las telecomunicaciones, y dando su acuerdo a la nueva redacción del artículo 40º del proyecto.

Sólo plantearon una disidencia parcial en el artículo 25º, ya que el interbloque propuso –con el fin de proteger las fuentes de trabajo de los operadores de cable locales- que en las localidades de menos de 5 mil abonados, no puedan ingresar grandes empresas que quieran explotar esta actividad.

Prieto leyó parte de un discurso del ex presidente radical Raúl Alfonsín pronunciado ante el Congreso en abril de 1988, cuando ingresó el proyecto que en aquel momento propuso sobre este tema, para ejemplificar que el debate por una nueva ley de radiodifusión “se inició con la llegada del sistema democrático”, remarcando que “es una deuda que la democracia tiene consigo misma, en pos de su consolidación, porque para que la democracia esté verdaderamente consolidada, es necesario que se garantice la pluralidad de voces y la pluralidad de canales que transmitan esas voces”.

El diputado nacional agregó al respecto que “esto está en riesgo en la Argentina, no sólo cuando potencialmente el Estado o el gobierno de turno puede influir sobre los medios, sino también, cuando la agenda pública está en manos de una concentración o de varias concentraciones de medios que manejan el mensaje en la Argentina. Cada uno puede decir lo que quiera, por supuesto: esto está garantizado en la Constitución, y lo viene a reafirmar el texto que hoy seguramente iremos a aprobar, y que esta garantía no resulta afectada de ninguna forma”.

De su discurso se desprendió una fuerte reflexión acerca de que la conformación de los monopolios, y que cuando se trata de monopolios mediáticos, “la intervención del Estado se justifica doblemente porque no sólo está en juego la libertad de un mercado competitivo de medios de radiodifusión, sino la libertad de los argentinos para expresar y recibir sus ideas”.

El legislador neuquino opinó que “la regulación estatal es perfectamente posible, cuando, como sucede en este caso, se extiende a garantizar esta pluralidad de acceso, que sea el requisito fundamental para que se consolide el proceso democrático de deliberación, de discusión de las ideas, de acceso a distintas fuentes de información a que tenemos derecho todos y cada uno de los ciudadanos”.

Al tiempo que insistió en que el Congreso es el ámbito de verdadera representación popular, se permitió felicitar “la decisión de los diputados que aún a riesgo de desaparecer de los medios, de tener un ocaso mediático, de aparecer de una forma antipática, tienen el coraje cívico de hacer prevalecer los intereses de la Patria y de su partido. Esto habilita la razonabilidad y la oportunidad de comenzar a poner fin a este debate”.