El gobierno de la provincia de Buenos Aires, encabezado por Daniel Scioli, por intermedio del Ministerio de Seguridad, deberá informar la cantidad de Foros Vecinales que se encuentran inscriptos en el registro obrante en esa repartición, y de Foros Municipales de Seguridad, discriminados por distrito.

Asimismo, en la iniciativa se solicita una breve reseña cronológica anual desde 1998 a la fecha, consignando la cantidad de instituciones, entidades intermedias u ONGs que integraron individualmente cada organismo; y sobre la participación formal e institucional de Concejales en ambos organismos según el registro existente, integrando en forma permanente los mismos, en función de cada municipio y partido político o agrupación que representa.

Por último, la iniciativa se pregunta sobre los resultados de los programas vigentes de capacitación de los integrantes de los Foros en materia de prevención, seguridad ciudadana, derechos humanos, comunicación institucional, planes de estudio y jornadas desarrolladas; y sobre las actas de constitución de la totalidad de los Foros Departamentales: representación institucional de cada uno de los miembros y resoluciones que de los mismos emanaron.

Cabe recordar que la vigencia de la Ley de Seguridad Pública (Ley 12.154) incluye la temática de organización y funcionamiento de los Foros de Seguridad, organismos que fueran creados –en la primera gestión ministerial de Carlos Arslanián- con la intención de generar instancias de participación y contralor ciudadano a la policía bonaerense.

En el mismo sentido, fueron pensados los Foros Departamentales, el Defensor de la Seguridad y el Consejo Provincial de Seguridad, con una pluralidad de integración “que no sólo dificulta su funcionamiento sino que se carece de conocimiento por su accionar y resultando razonable evaluar el balance de gestión hasta el presente”, aseguran los fundamentos de la iniciativa.

En su iniciativa, el diputado Juan Gobbi objetó la actual legislación en materia de seguridad, por la poca posibilidad de implementación práctica que tiene la misma en territorio bonaerense y, trasladando está inquietud a todas las medidas propuestas desde el Ministerio.

“No se puede traspolar desde una visión superestructural la organización de entidades y ONGS civiles con un sinnúmero de requisitos, exigencias y funciones estandarizadas para los 134 distritos de la Provincia de Buenos Aires, máxime si se tiene en cuenta el “estado de emergencia” de la seguridad pública que estableció para la provincia y sus instituciones el actual gobierno”, advirtió el legislador.

En este sentido, el diputado radical consideró que “se ratifica el nuevo avasallamiento a los Municipios y sus autonomías, subestimando la capacidad y facultad de cada comunidad para poder organizar estas instituciones, que deben ser creadas por los Concejos Deliberantes con un rol específico de prevención y difusión de derechos”.

Asimismo, el legislador bonaerense planteó que en la provincia de Buenos Aires, “se carece de una política razonable, consensuada e integral de seguridad pública”, y sentenció “es tiempo de concertar una política seria e integral en la materia, y es por ello que planteamos los interrogantes que forman parte de esta solicitud de informes”.