La senadora salteña Sonia Escudero insistió en que la ley de armas vigente “es anacrónica y que se necesita una más restrictiva en cuanto al acceso”. Por otra, los funcionarios del RENAR, reclamaron ajustes en el Código Penal para poder avanzar en las investigaciones. Pidieron también la aprobación de la prórroga del plan de entrega voluntaria de armas por un año más, que está pendiente en el Senado.

El evento formó parte del ciclo de reuniones que viene organizando un grupo de senadores para debatir y analizar la problemática de la inseguridad desde diferentes aristas. El último de estos eventos se realizó en la Cámara alta y fue moderado por la legisladora salteña.

En reglas generales, “la iniciativa pone más restricciones para el acceso de las armas. Habrá que demostrar la necesidad de su uso tales como la práctica de tiro, caza, etc. Está en estudio en el Senado Nacional desde hace años, y de no ser tratada antes del 30 de noviembre, caerá el dictamen por la renovación parcial de la cámara”, explicó la senadora.

“Implica cambiar el paradigma actual de seguridad nacional por una legislación que ponga el énfasis en la seguridad ciudadana”, explicó Escudero. “El objetivo, en definitiva, es reducir la tenencia de armas en manos de la sociedad civil, y reducir los índices de muertes por armas de fuego que son alarmantes”, agregó.

“La normativa vigente –la ley data de 1973- es un texto absolutamente anacrónico y desordenado en un sinfín de decretos y resoluciones del Renar”, apuntó. Otro de los puntos centrales radica en la asignación de una partida presupuestaria específica para el RENAR, a través del Presupuesto Nacional, para terminar con el esquema actual de financiamiento que está atado al otorgamiento de licencias de tenencia y portación. “Hoy es administrado por un Ente Cooperador que es manejado por los fabricantes y comerciantes de armas”, agregó.

Por su parte, el Fiscal a cargo y secretario de la Unidad Fiscal del Registro Nacional de Armas Jorge Di Lello y Rubén Castro, respectivamente, pidieron ajustes legislativos en lo concerniente a la Convención internacional sobre tráfico ilegal de armas –que la Argentina ratificó por ley 26.138- pero “se omitió regular las sanciones”, plantearon. Asimismo, advirtieron la necesidad de incluir en el Código Penal la tenencia de municiones, de chalecos de seguridad y accesorios como las miras, que quedaron fuera de lo que se conoció como la “ley Blumberg”.

A su vez, los letrados -quienes estuvieron acompañado por el subdirector del RENAR Héctor Trucco- pidieron la unificación de la competencias judiciales para la investigación de causas por armas.

Por último, fue el turno de la exposición del abogado y sociólogo Diego Fleitas, quien es co-redactor de la Ley 26.216 por la que se aprobó el Plan de Entrega Voluntaria de Armas de Fuego en Argentina y de la Ley del Registro Nacional de Armas secuestradas o Incautadas (Ley Nº 25.938). El experto sostuvo que la proliferación y fácil acceso a las armas en nuestro país provoca un importante número de accidentes y la resolución de conflictos interpersonales con resultados, muchas veces, letales. De acuerdo a su investigación, entre 1997 y 2007 se produjeron 36.374 muertes por el uso de armas de fuego, en el que las víctimas fueron, esencialmente hombres jóvenes, características que se repiten en el caso de los victimarios.

Si bien resaltó el éxito del Plan de entrega de armas –que permitió sacar de manos de la sociedad más de 100 mil unidades- enumeró una serie de falencias, entre la cuales incluyó: la baja tasa de registración en el país (el promedio nacional es de sólo 9%) y los problemas de control de los arsenales de las Fuerzas Armadas (donde se registraron robos en los últimos meses) y con los depósitos judiciales y policiales.

Los conceptos más importantes de la iniciativa, impulsada por Sonia Escudero, son los siguientes:

Requisitos: Las personas físicas deberán ser mayores de edad y demostrar capacidad psicofísica (aptitud física acreditada por médicos clínicos y psíquica por psiquiatras o psicólogos, expedidos por instituciones públicas sanitarias), inexistencia de adicciones, carencia de antecedentes penales y de violencia familiar, idoneidad en el uso de las armas (exámenes realizados en polígonos autorizados), conocimiento del marco legal, lugar de guarda, entre otros.

Límite temporal a todas las licencias: hoy la tenencia no tiene plazo mientras se conserve la condición de legítimo usuario.

Licencia: se debe justificar la necesidad de su uso (tiro, caza o excepcionalmente seguridad, en este caso máximo dos armas).

Control parlamentario: es uno de los aspectos más novedosos. El Poder Ejecutivo deberá elaborar y remitir un informe anual al Parlamento conteniendo los siguiente datos: cantidad de fábricas y materiales fabricados e importados; personas autorizadas y de licencias concedidas; adquisiciones de las fuerzas de seguridad; cantidad total de heridos y muertos por armas de fuego; estimación de costos del sistema de salud; sanciones aplicadas; materiales decomisado y destruidos, entre otros.

Informe público del Parlamento: deberá producir y dar a difusión un documento con la evaluación de las políticas de control de armas de fuego, el desempeño de los organismos de aplicación, cantidad de muertes y heridos, cantidad de delitos, etc.