Una diputada de la CC presentó una iniciativa que se ajusta a los parámetros existentes en el Primer Mundo.
La diputada del GEN Virginia Linares presentó un proyecto de ley estableciendo una serie de presupuestos mínimos para la prevención de accidentes graves en los que intervengan sustancias peligrosas, así como para la limitación de sus consecuencias, con la finalidad de proteger a las personas, los bienes y el medio ambiente.
En la Comunidad Europea existe una directiva que trata estos temas, denominada SEVESO, con sus respectivas modificaciones y adecuaciones (SEVESO II y SEVESO III) que, entre otras cosas, imponen a las industrias enmarcadas el cumplimiento de una serie de obligaciones específicas, siendo además su objeto la disminución y limitación de los riesgos inherentes a cierta clase de establecimientos industriales, obligando a las empresas y autoridades competentes un nuevo sistema de gestión de los riesgos que facilite la inspección y el control de los mismos, cumpliendo así ciertos requisitos para garantizar unos niveles de protección elevados, limitando sus consecuencias en orden a la protección de la población, de los bienes y del medio ambiente.
“Si bien en la Argentina existen diversas leyes que tratan la temática ambiental desde diferentes aspectos, tanto en el ámbito nacional como en las diferentes provincias, en lo que respecta al tema de riesgos, hasta el momento, no existe legislación específica que trate esta problemática y que contemple las actuaciones para evitar y controlar este tipo de accidentes”, sostuvo Linares.
“Este proyecto de ley plantea un nuevo enfoque, una nueva visión, por parte del Estado, respecto del control de aquellas instalaciones que manipulen y / o almacenen sustancias peligrosas”, afirmo la legisladora que pertenece al partido de Margarita Stolbizer.
“Es necesario considerar, identificar y evaluar aquellos riesgos tecnológicos derivados del funcionamiento del sector industrial cuando existan implicancias sobre la población”, consideró Linares, remarcando que el proyecto presentado no sólo busca proteger “la salud de las personas, sino que también pretende que las empresas y sus responsables comiencen a elaborar programas y propuestas para atender los eventos ambientales en concordancia con los organismos públicos de respuesta a emergencias”.