La primera coincidencia que expresaron los constitucionalistas que se hicieron presentes en la cuarta jornada de audiencias celebradas en el Salón Azul de la Cámara baja es la de que hace falta una nueva ley de Servicios Audiovisuales, para terminar con la norma vigente, proveniente de tiempos de la dictadura.

Entre otros abogados constitucionalistas, expuso Alberto González Arzac, quien destacó la constitucionalidad del proyecto impulsado y consideró innecesario tener más tiempo para el debate, habida cuenta de que está siendo considerada con el tiempo “suficiente”.

“Hoy debe superarse la dictadura de los medios de comunicación, que hoy subsiste, y para lo cual esta ley nos da la posibilidad”, expresó el constitucionalista.

A favor de la norma se pronunciaron el citado González Arzac, el abogado Damián Loretti y Analía Elíadaes, de la Facultad de Periodismo de la UNLP.

Expresaron críticas, en tanto, Daniel Sabsay, Bernardo Licht y Félix Loñ.

González Arzac apuntó a la cuestión de los monopolios, al decir que “no cabe duda que los medios audiovisuales están en manos monopólicas y hay que terminar con este monopolio”.

Por su parte, Daniel Sabsay habló de las contradicciones que incluye el proyecto oficial, amén de los propósitos ponderables. Advirtió en es sentido sobre el “excesivo poder otorgado al Poder Ejecutivo”, y se quejó por la “violación a la propiedad privada” que conlleva la norma impulsada.

Hablaba fundamentalmente del proceso de desinversión de los actuales licenciatarios dispuesto por la norma.

Sabsay hizo hincapié en los “lados flacos” del proyecto, que asentó en el tema de la “seguridad jurídica” y advirtió sobre “la no discrecionalidad del poder político”.

Reclamó asimismo debatir “una ley de libre acceso a la información pública y de regulación de la pauta oficial de propaganda”.

Licht apuntó hacia el año de desinversión, señalando que esos 365 días de plazo deberían contabilizarse “una vez que quede constituida la autoridad de aplicación, que demandará tiempo”, como así también una vez que “se establezcan los mecanismos de transición”.

Analía Elíades resaltó el “momento histórico que se vive ante el tratamiento de esta ley porque “la lucha por una nueva ley es histórica y lleva mucho debate en las aulas, en la universidad, en el campo popular, en las organizaciones de la sociedad civil”.

“Por eso, para nosotros el debate no es nuevo sino que lleva tantos años como lleva este decreto ley de la dictadura de septiembre de 1980”, agregó la letrada.

Muy crítico hacia la norma, Félix Loñ habló de la “necesidad de profundizar el debate, de serenarse y tratar de que sea una ley proyecto del acuerdo”.