Félix Loñ ponderó la audiencia celebrada en el Senado, diferenciándola de su experiencia en la Cámara baja, ya que allí, comentó, “cada expositor hablaba diez minutos, no había ningún intercambio, y punto”. En cambio en el Senado “fue más flexible”.

El constitucionalista consideró que los puntos más vulnerables de la ley son, primero, la integración de la autoridad de aplicación, porque “allí no se advierte amplitud, es muy cerrado eso; están representados allí el Presidente, que responde al Poder Ejecutivo, un director, después hay tres más propuestos por el Congreso. Uno de la mayoría y los restantes de la primera y segunda minoría; y luego el Consejo Federal propone otros dos miembros, uno de ellos que debe ser académico. Pero fíjese que ese es un Consejo Federal que integran 38 miembros, de los cuales 24 son gobernadores y dentro de esos mandatarios habrá 14 o 15 que responden al oficialismo”.

En declaraciones a Radio Mitre tras participar de la audiencia en el Senado, Loñ comentó que durante su participación en el Salón Azul había aclarado también que esto no está pensado solamente para este oficialismo, sino para cualquiera. “De lo que se trata es de la libertad de expresión -dijo-. Cada vez más los medios de comunicación se instalan en poblaciones de más de 500 mil habitantes, si bien se hace el concurso, la adjudicación se hace directamente a través del Poder Ejecutivo”.

“En la integración de la autoridad de aplicación puede haber una mayoría oficialista de cómo mínimo cuatro miembros sobre siete”, puntualizó. Asimismo comentó el hecho de “la adjudicación directa cuando se trate de 500.000 habitantes la población”. Además, observó que ese organismo “analiza la programación que se propone, lo cual es analizar los contenidos, y esto creo que es lo que pone verdaderas sombras a la libertad de expresión, porque siempre se ha destacado que la libertad de expresión consiste en poder dar las opiniones y los pensamientos y libremente y sin ningún tipo de censura previa tener un control sobre la opinión. Esta es la esencia de la libertad de expresión”.

Por último, se refirió al famoso artículo 161, donde se le da un año a los medios para ajustarse a los requerimientos de la ley que dicen que no pueden tener más de diez medios. Del sobrante “se tienen que desprender en el plazo de un año y se dice que las inversiones realizadas no implican derechos adquiridos, lo cual no condice para nada con la Constitución, ni con la jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia, que dice que el derecho a la propiedad se integra entre otras cosas con el derecho emergente de una concesión, una licencia, o de un contrato”.

“Esto está amparado expresamente por la Constitución nacional”, remarcó Loñ.

El constitucionalista vislumbró que el tema “tiene un final abierto; me informaron que algunos legisladores del oficialismo no están de acuerdo con la ley en general y tres con estos aspectos particulares que estaba mencionando. Así que tengo la impresión que vamos a ver cómo se van perfilando las cosas”.