En los últimos años, numerosos casos de adulteración y falsificación de medicamentos se han descubierto sumándose a la causa por “medicamentos truchos” iniciada por el juez Oyarbide a la obra social del sindicato de los bancarios que reveló contactos directos con funcionarios públicos.

Esta polémica situación conocida como “la red mafiosa de los medicamentos truchos”, pone de manifiesto “la urgente necesidad de una adecuación del Código Penal en lo relativo a los delitos contra la Salud Pública”, según comentaron los diputados radicales a Parlamentario.com.

Ante diversos factores, tales como el comercio libre, las medidas desregulatorias y las ventas de medicamentos por Internet no controlados, entre otros, arrojaron una proliferación de medicamentos de dudoso origen y legitimidad, fenómeno que hizo que la atención en las políticas relativas al mismo se colocara por detrás de las dimensiones que éste está causando, los diputados radicales Sandra Rioboo, Miguel Angel Giubergia, Margarita Beveraggi y Gustavo Cusinato presentaron un proyecto de ley.

Dicha iniciativa prevé modificar el artículo 200 del Código Penal, el cual quedaría redactado de la siguiente manera: “Será reprimido con reclusión o prisión de ocho a veinte años, el que envenenare o adulterare, falsificare o alterase de un modo peligroso para la salud, aguas potables o sustancias alimenticias o medicinales, destinadas al uso público o al consumo de una colectividad de personas y dicho consumo resultare necesario a los fines terapéuticos, conforme prescripción de profesional habilitado. Si el hecho fuere seguido de la muerte de alguna persona, la pena será de diez a veinticinco años de reclusión o prisión”.

Es decir, que de una pena de tres a diez años se eleva a ocho a veinte años de pena máxima para quienes adulteren los medicamentos.