Avanza en Diputados la prórroga al Fondo Fiduciario. Se trata de un proyecto que propone un plazo de 3 años para que el INAI pueda concluir el relevamiento sobre la situación de las tierras ocupadas por los pueblos originarios.
En julio de este año, el diputado nacional Antonio Morante presentó un proyecto de ley, en respuesta a una resolución aprobada por unanimidad por la Legislatura de la provincia del Chaco, que solicita la prórroga de la vigencia del Fondo Fiduciario de Reparación Histórica a las Comunidades Indígenas, Ley 26160, hasta el 23 de noviembre de 2013.
Tras ser girado para su estudio, a tres comisiones, el 1 de septiembre fue aprobado por la Comisión de Justicia, y ahora está a consideración de las Comisiones de Población y Recursos Humanos y de Presupuesto y Hacienda.
El objetivo del proyecto es solicitar una prórroga a la norma mencionada, de modo que en ese plazo el Instituto Nacional de Asuntos Indígenas (INAI) realice el relevamiento técnico y jurídico catastral de la situación dominial de las tierras ocupadas por las Comunidades, señalando “Tantos siglos de atropellos, vejaciones y maltratos hacen que siempre esté faltando algo para cumplir nuestras obligaciones con nuestros pueblos originarios”.
La iniciativa denuncia la situación de indefensión jurídica que viven las comunidades indígenas, careciendo de medidas efectivas para la protección de la posesión y propiedad de las tierras “que tradicionalmente ocupan”. Así también, el texto repasa la situación dada por la invasión a esas tierras y la destrucción de sus recursos naturales, por parte de inversores multinacionales, y empresas nacionales que además evidencian una peligrosa concentración de la tierra.
Refiriéndose a la legislación vigente, el proyecto señala que “un efecto realmente positivo de su sanción, es que ha permitido la intervención judicial para suspender desalojos de aborígenes de sus tierras ancestrales”, remarcando que “también nos encontramos con los inconvenientes que venían de arrastre y que han provocado demoras en la realización del relevamiento en su totalidad”.
Por último la iniciativa detalla que, si bien hasta ahora hay otras iniciativas que proponen un año de prórroga, el plazo propuesto por Morante “implica que trasciende al mandato de este Gobierno, y es bueno que así sea”. “Porque con ello estaremos señalando que el cumplimiento de la Ley 26.160 es una política de Estado y será una manera de mostrar al mundo, que existe un verdadero consenso nacional en cumplir con el mandato constitucional”, fundamenta.
Fuente: Prensa NEA
