Al explicar su voto negativo en relación con la ley de medios impulsada por el kirchnerismo, dijo que “este Gobierno va hacer lo mismo que la Revolución Libertadora”, si se aprueba, como pretende el oficialismo, el artículo 161 de desinversión. “Se está abriendo la puerta a que haya un traspaso de licencias a los amigos del poder, lo que será el golpe final a la libertad de expresión en la Argentina”, dijo.

La senadora salteña Sonia Escudero (bloque 8 de octubre) fue una de las primeras en anticipar su voto negativo en relación con la iniciativa oficial para regular los servicios de comunicación audiovisual, por cuanto viola el artículo 32 de la Constitución Nacional, desconociendo facultades que son propias de las provincias. Además, criticó fuertemente el artículo 161, conocida como cláusula de desinversión y no ocultó su desilusión porque “estamos perdiendo una gran oportunidad ya que lo que esta ley está buscando es la posición dominante del estado nacional”.

En el marco del debate, la senadora opositora Sonia Escudero apuntó contra el proyecto de ley de Medios del Poder Ejecutivo y destaco que “en el marco regulatorio del servicio de telecomunicaciones no existe una definición sobre la telefonía como un servicio publico”, por lo que “no están excluidas las telefónicas” de ingresar al sistema de medios de comunicación.

“En cuanto al límite del 30 por ciento de capital argentino, tampoco podría ser un impedimento por que Telecom está en camino a cambiar su estructura de capital por lo que tampoco es un impedimento”, dijo la senadora salteña.

En este sentido, Escudero explicó que “lo único que regula esta ley son los canales de emisión pero no hay ninguna ley que impida que las telefonías puedan transmitir por Internet o telefonía móvil. Entonces, esta es “una ley que nace tecnológicamente vieja”

“No existe ninguna limitación para que las telefónicas ofrezcan servicios de triple play –telefonía, Internet y señal televisión de cable”, concluyó su intervención la senadora del PJ disidente que comparó esta ley con la de la Revolución Libertadora por el control que estableció en aquella oportunidad el general Pedro Eugenio Aramburu.

Por otra parte, recordó que desde marzo de 2004 impulsa, sin éxito, el tratamiento de un proyecto tendiente a modificar la ley de radiodifusión vigente, que “no fue considerado en este debate porque el oficialismo en el Senado tomó la decisión de aprobar a libro cerrado lo que viene de la Cámara de diputados, sin importar lo que los senadores estuviéramos impulsando desde hace 5 años”.

“Lo que aquí se está regulando es la libertad de expresión que costó tantos siglos de lucha de la humanidad. Otorgarle al gobierno un tercio de las licencias y un porcentaje similar a las ONG sin ninguna limitación es, sin lugar a dudas, permitir una posición dominante del poder ejecutivo”, señaló la legisladora. En ese sentido citó a Juan Bautista Alberdi: “Es ridículo pensar que los gobiernos estén facultados para censurar al pueblo, o decirles a los ciudadanos qué es lo que pueden ver, leer u oír, o que es lo que pueden decir u opinar o informar. Es el pueblo el que puede censurar al gobierno. Con esta norma vamos a permitir que sea el gobierno el que censure al pueblo”.

Escudero defendió, asimismo, la necesidad de proteger la industria audiovisual para permitir la existencia de medios auténticamente independientes. “No podemos avanzar en una norma que lo que está planteando es una multiplicidad de medios económicamente inviables. Así no se protege la libertad de expresión; así se somete la voluntad de expresión al poder del ejecutivo que es el que maneja los recursos del Estado y el que compra voluntades como lo estuvimos viendo estos días”, sostuvo.

Sin duda uno de los puntos más cuestionados de la norma. Propone la adecuación de los licenciatarios a los términos previstos en la ley en el término de un año. En tal sentido, la senadora salteña propuso la redacción prevista en su iniciativa. Allí se proponía una fórmula que respetaba los derechos adquiridos de los licenciatarios. “Las licencias vigentes debían regirse por la ley que estaba en vigor al momento de la concesión. Aquellos que quisieran adaptarse a la nueva legislación, tendrían el beneficio del reconocimiento del nuevo plazo previsto en la norma”.

Dijo que el único antecedente en la historia se registra en el año 1957, oportunidad en la que se revocaron todas las licencias de servicios de radiodifusión en el país. “El artículo 161 nos remonta a la Revolución Libertadora, esa es la ley de la democracia que estamos aprobando. “Ese régimen que derrocó al peronismo estableció controles similares los que se buscan ahora”, declaró al final de su alocución.

Planteó, por otra parte, que “El artículo 32 de la Constitución Nacional le prohíbe expresamente al Congreso reglamentar sobre la libertad de imprenta y establecer la jurisdicción federal. Este Parlamento puede regular todo lo relativo a la administración del espectro radioeléctrico porque es un bien común, de la humanidad. Pero no aquellos servicios de comunicación que se realizan dentro de una provincia y que no usan espectro, como es el caso de los cables, que usan vínculo físico. Ello debiera ser facultad de las provincias, o en todo caso de los municipios”.