El oficialismo en la Ciudad pretende regular la televisión por cable en territorio porteño. Desde el Poder Ejecutivo Nacional aclaran que eso es inviable.
El diputado porteño Oscar Moscariello, titular de la bancada PRO en la Legislatura porteña, presentó un proyecto para otorgar a la Ciudad de Buenos Aires potestad en el otorgamiento y revocación de las licencias para la explotación de la televisión por cable.
El anuncio fue formulado este martes por el jefe de Gabinete de la Ciudad, Horacio Rodríguez Larreta, quien aclaró que si bien la administración porteña no tiene ingerencia en el ámbito de la televisión abierta y la radio, pero sí puede en el cable.
El legislador demoprogresista Oscar Moscariello admitió que su iniciativa choca con la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual aprobada en el Congreso Nacional, aunque aclaró que “de acuerdo con la Constitución Nacional, el dominio corresponde a la Ciudad”.
Según señaló el jefe del bloque del PRO, esto se aplica a todos los medios de comunicación que utilizan el espacio radioeléctrico de la Ciudad de Buenos Aires.
Desde la otra vereda, el titular de la Comisión de Sistemas, Medios de Comunicación y Libertad de Expresión del Senado, Guillermo Jenefes, tildó al proyecto porteño de “inconstitucional”, aclarando que “es materia federal legislar sobre los medios”.
Volviendo a Rodríguez Larreta, el funcionario macrista dijo que “la Constitución es clara respecto a que las provincias y la Capital tiene autonomía como para controlar los medios de comunicación”.
El proyecto, según el jefe de Gabinete porteño, “va en línea con el reclamo del manejo de la policía, la Justicia y el puerto”.
¿Qué dice el proyecto de Moscariello? Que “corresponde a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires otorgar las autorizaciones para la instalación y explotación de servicios de difusión por suscripción” por medio de “redes ubicadas dentro del territorio” porteño.
Establece la creación de la Agencia de Medios y Libertad de Prensa (ALIP) -autoridad de aplicación-, que tendrá carácter de “entidad estatal descentralizada, autónoma y autárquica, con autonomía funcional y financiera. La misma deberá “elaborar las normas de bases y condiciones para la adjudicación de servicios de difusión; sustanciar los procedimientos para la adjudicación o autorización de la explotación de los servicios de difusión locales; y recibir denuncias sobre asignaciones discriminatorias de la Pauta Oficial de Publicidad”.
Conforman esa autoridad de aplicación un Consejo Directivo integrado por un presidente designado por el jefe de Gobierno, Mauricio Macri, al que se le sumarán un Tribunal Administrativo integrado por tres miembros y por un director ejecutivo.
“Los titulares de los servicios de comunicación audiovisual tributarán un gravamen del cuatro por ciento (4%) de su facturación bruta por todo concepto derivado de la explotación de la autorización otorgada”, agrega el proyecto.
