El kirchnerismo sigue tratando de sacar antes del recambio legislativo todas las leyes que estima le será dificultoso tratar cuando las mayorías se modifiquen. Es así que voceros del bloque oficialista de Diputados admitieron que es intención del bloque llevar al recinto el proyecto que tanta polémica levantó esta semana, sobre todo a partir de los dichos de Elisa Carrió que habló de una ley hecha “con nombre y apellido” y usó el término “fascista”.

Se trata de la norma impulsada desde el Ejecutivo, que prevé la incorporación del artículo 218 bis del Código Procesal Penal de la Nación, sobre obtención del ácido desoxirribunucleico -ADN- del imputado o de otra persona.

La norma obtuvo dictamen de las comisiones de Legislación Penal y Derechos Humanos de la Cámara baja, y de ser aprobada en octubre, estaría lista para su tratamiento en el Senado en el mes siguiente, cumpliendo con el objetivo oficialista comentado al principio de sacar las leyes más polémicas en el presente ejercicio.

Recordemos que la norma permitirá fundamentalmente que la Justicia pueda ordenar los estudios de ADN a cualquiera que se sospeche que es hijo de desaparecidos, aún sin su conformidad.

Esta norma cuenta con el respaldo de los organismos de derechos humanos, pero es resistida desde algunos sectores de la oposición. La más notoria en ese sentido ha sido la diputada nacional electa Elisa Carrió, que sostuvo que se trata de una “venganza fascista”, dirigida contra la titular del Grupo Clarín, Ernestina Herrera de Noble. Afirmó al respecto que se trata de “una ley de persecución y me preocupa que en nombre de los derechos humanos se entre en la más feroz venganza fascista contra Ernestina Herrera de Noble”, quien está involucrada en una causa en la que se investiga la identidad de sus dos hijos adoptivos, cuya extracción de ADN fue impedida hasta ahora.

Carrió recién podrá asumir como diputada nacional el 10 de diciembre, cuando seguramente el proyecto ya haya sido tratado en ambas cámaras, tales los cálculos oficialistas.

Precisamente desde el oficialismo, la diputada Patricia Fadel justificó la medida con la necesidad de “saldar una deuda con las personas; ayuda a destrabar un conflicto interno de aquellos que no conocen su identidad”, y destacó que “ya existe jurisprudencia en este sentido pero todavía faltaba una ley que encuadrara el tema”.

Pero no sólo desde el oficialismo hay voces de respaldo ya que el diputado Emilio García Méndez (SI) también se expresó a favor porque consideró que la norma respalda “el derecho de los niños a conocer su identidad”, estimando además que “el proyecto es extremadamente respetuoso de las garantías individuales y libera a las víctimas de tener que ser ellas quienes denuncien a sus apropiadores”.