Lo que no logran en el recinto de la Legislatura, la oposición lo consigue en los tribunales porteños. Es así que el juez en el Contencioso Administrativo y Tributario 13, Guillermo Scheibler hizo lugar a un pedido de los diputados porteños Eduardo Epszteyn, Aníbal Ibarra y Martín Hourest, más la titular del INADI y diputada porteña electa María José Lubertino, quienes pidieron frenar proceso de licitación que impulsaba el Ministerio de Desarrollo Urbano de la Ciudad para la obra y administración del túnel bajo la Avenida 9 de Julio.

Se trata de un amparo para que se anule el proceso de licitación pública que elevó la cartera porteña, a través de AUSA.

Según el diputado Epszteyn, “la resolución de encomendar a AUSA la construcción y mantenimiento de la obra de los túneles manifiestamente extralimita las autorizaciones legislativas otorgadas”.

“El proceso de licitación es absolutamente ilegal, porque AUSA sólo puede hacer obras sobre las vías que tiene bajo su concesión y nunca se la autorizó a realizar obra alguna bajo la avenida 9 de Julio”, sostuvo a su vez Ibarra.

“A Mauricio Macri no le importa ni la justicia ni la Legislatura, no las tiene entre sus prioridades”, estimó por su lado Hourest, quien como sus colegas celebró la medida cautelar.

También señaló el diputado que “lo que el dictamen deja bien en claro es que al modo de Macri, pasando por alto las normas constitucionales, no se pueden hacer las cosas. La justicia le dijo al Macrismo que de este modo no se hacen las cosas en la gestión publica”.

Además Hourest remarcó que “desde el primer momento se le dijó a Macri que estas obras no eran una prioridad en la Ciudad, sino que eran cuanto mínimo fruto de sueños trasnochados o bien negociados a espaldas de los vecinos”.