En la recta final del año parlamentario, la Cámara baja tiene en su agenda varios temas pendientes. Por lo tanto, el bloque oficialista acelera los tiempos e incluye diversos temas para tratar en la próxima sesión prevista para el miércoles 28.

Los próximos proyectos de ley que se debatirán ya cuentan con dictamen de comisión y son, según informaron fuentes del bloque oficialista, la creación del Banco Nacional de Datos Genéticos, la despenalización del delito de calumnias e injurias a periodistas; la inclusión de la participación de las organizaciones sociales como partes querellantes en procesos por violación de derechos humanos; y la norma que busca reglamentar métodos invasivos para la realización de los análisis de ADN.

Además de los cuatros proyectos del Gobierno, se incluirá la modificación del orden impositivo interno respecto a los productos electrónicos, a los cuales se le aumentará el gravamen a los importados porque se intentará beneficiar la producción en la provincia de Tierra del Fuego. Esta iniciativa sería ley luego de que los diputados acepten los cambios introducidos en el Senado.

Por otra parte, los proyectos del Poder Ejecutivo habían sido anunciados por la Presidenta de la Nación en ocasión de conmemorarse los 30 años de la visita de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) durante la época de la dictadura.

La norma referente a las calumnias e injurias modifica varios artículos del Código Penal de la Nación, para que esa figura deje de ser punible penalmente y se aplique sólo en el fuero civil.

El texto del proyecto remitido por el Ejecutivo -el cual ya tiene dictamen de comisión- plantea que “la calumnia o falsa imputación a una persona física determinada de la comisión de un delito concreto y circunstanciado que dé lugar a la acción pública será reprimida con una multa. En ningún caso configurarán delito de calumnia las expresiones referidas a asuntos de interés público o las que no sean asertivas”.

En cuanto al Banco Nacional de Datos Genéticos, en pos de garantizar “la obtención, almacenamiento y análisis de la información genética que sea necesaria como prueba para el esclarecimiento de delitos de lesa humanidad”.

Por otra parte, la iniciativa que contempla la participación de las organizaciones sociales como partes querellantes en procesos por violación de derechos humanos. Se trata de un proyecto solicitado por las Abuelas de Plaza de Mayo, luego de que en junio pasado la Sala II de la Cámara Nacional de Casación Penal impidiera a los Organismos de Derechos Humanos ser querellantes en la causa ESMA.

También está listo para ser debatido por los diputados la medida que establece los métodos de obtención de Acido Desoxirribonucleico (ADN), en los casos judiciales que pretenden determinar la identidad de posibles familiares de desaparecidos.

A partir de esta iniciativa, tal vez la que deja más margen para la polémica, el juez podrá ordenar la obtención de ADN del imputado o de otra persona, cuando ello fuere necesario para su identificación o para la constatación de circunstancias de importancia para la investigación”, afirma el texto de la norma.

Con respecto al banco genético y la utilización del ADN como una herramienta para luchar contra la inseguridad y los violadores, cabe recordar que el Senado aprobó un proyecto de ley que prevé la creación del registro nacional de identificación genética de abusadores sexuales mientras que Diputados aprobó otro proyecto y ambas iniciativas se cruzaron, lo que provocó que el tema no se discuta desde hace meses. Ahora, con los proyectos del Poder Ejecutivo, se pone en marcha un nuevo debate.

En ocasión de presentar los cuatro proyectos, Cristina Fernández de Kirchner reivindicó a su Gobierno en materia de defensa de la libertad de expresión y reivindicó la “libertad para poder decir lo que uno quiere y piensa, aun cuando sea mentira”. Y dijo preferir “mil millones de mentiras antes que ser la responsable de haber cerrado la boca de alguien”.

“Estamos actuando como sujetos del derecho internacional que debe respetar los tratados y las normas a las cuales se ha obligado y que nos convierte en un país que respeta el derecho internacional y por sobre todas las cosas el respeto irrestricto a los derechos humanos”, sostuvo Cristina, quien resaltó que lo hacía “por el respeto de la ley y el cumplimiento de la ley y la obligación que tienen todos los gobernantes y gobernados de un país que merezca ser llamado como tal”.

La Presidenta anunció que “los proyectos de ley que se han enviado al Congreso son con motivo del caso de una joven nacida en la ESMA. Es la sentencia de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, del 30 de septiembre del año 2003, que fue presentada como violatoria de varios artículos de la Convención Interamericana y de los tratados que la Argentina tiene firmados con Abuelas por los familiares de la joven”.

Recordó que “en el año 2006 el Gobierno ofreció comenzar un proceso de resolución amistosa, que es uno de los procedimientos que fija la Comisión a los efectos de dilucidar las diferencias que hay entre los estados y los que se consideran y son víctimas de actos institucionales o no institucionales de este Estado”.

“Finalmente pudimos luego de mucho tiempo arribar a este acuerdo en el cual la Argentina se compromete a enviar al Congreso sobre modificaciones en materia de banco genético de datos, para asegurar la total transparencia en el manejo de los mismos, también la posibilidad de ser querella por parte de las organizaciones de derechos humanos y también modificaciones a los Códigos de Procedimiento de modo tal de facilitar la actividad de los jueces, pero también hacerlo con respeto a las víctimas, para que en definitiva no vuelvan a ser doblemente víctimas”, había resaltado Cristina.