Despachos acordados para su tratamiento individual, es el eufemismo utilizado en la jerga legislativa para hacer referencia a los proyectos que comúnmente son cajoneados. Si bien es un recurso parlamentario que se utiliza en casi todas las legislaturas, ello no le da legitimidad a esta práctica y menos en la Ciudad de Buenos Aires en donde a diario se escucha bregar por una mayor calidad institucional.

Esto es lo que ocurre con casi un centenar de proyectos que tras haber sorteado en las comisiones correspondientes el análisis pertinente -ámbito donde la oposición hizo las observaciones que creía convenientes- no llega al recinto para su tratamiento.

En esta grilla de propuestas hay proyectos de ley, resolución y declaración. A ello habría que sumarle los llamados “Despachos Reservados en Secretaría”, los que en virtud de algunos acuerdos se resuelve darles ese status para no desechar por completo su tratamiento.

En las situaciones descriptas se puede encontrar proyectos con casi dos años de cajoneo; expedientes que están bien guardados, aunque recibieron dictamen favorable en la comisión respectiva tras ingentes debates internos para vencer reticencias. También hay casos donde varios proyectos perderán su estado parlamentario, ante la negativa del oficialismo de acompañar una propuesta de la oposición.

Asimismo engrosan la lista de proyectos a la espera de ser tratados individualmente, importantes normas para regular el tránsito y transporte en la Ciudad y que, a raíz de la falta de consenso entre los bloques no pueden ser debatidos en el recinto; algunos de los más relevantes son la instauración de la verificación técnica vehicular obligatoria, la autorización de la construcción de dársenas para estacionamientos y además propuestas para modificar la ley de Procedimientos de Faltas, el Código Procesal de la Ciudad, de igual manera que el Código Contencioso Administrativo y Tributario de la Ciudad.

La Secretaría Parlamentaria tiene en stand by, en carácter de “Despachos acordados para su tratamiento individual”, 34 proyectos de ley, 21 de resolución y 22 de declaración, mientras que en el rubro “Despachos reservados en Secretaría” se encuentran virtualmente depositados seis expedientes que datan del período Legislativo 2008.

En el freezer

A continuación algunos de los proyectos que se encuentran paralizados en la Secretaría, muchos de los cuales de no recibir tratamiento en el actual período de sesiones perderían estado parlamentario; a saber:

Desde lo social se advierte la postergación sistemática de asuntos relacionados con el funcionamiento del Programa de chicos en situación de calle, la regulación de los Establecimientos de Asistencia a personas en situación de calle, la implementación de un régimen especial de inasistencias justificadas para alumnos víctimas de consecuencias de violencia social, la entrega gratuita de pasajes a personas con discapacidades o más aún, la puesta en marcha del programa garrafa social.

También el oficialismo sufre las consecuencias de no poder llevar al recinto proyectos esenciales para dar una mayor dinámica a su gestión a través de propuestas que impulsan obras, pero que no pueden llegar a ser tratadas a raíz de no contar con el número suficiente de voluntades para ser abordados; así nos encontramos con expedientes que autorizan el llamado a licitación para concesionar los espacios denominados “bajo de autopista”, situados debajo de las autopistas 25 de Mayo, Perito Moreno y Presidente Frondizi.

El proyecto que prevé la ampliación de la autorización para la construcción de dársenas de estacionamiento bajo ciertos condicionamientos técnicos o la norma que habilita realizar gestiones ante el Poder Ejecutivo Nacional para que dentro del programa de financiamiento de obras con fondos provenientes de la ANSES se financien obras de carácter social contenidas en la normativa vigente.

El macrismo también ha debido resignar su intención de modificar la Ley Orgánica del Poder Judicial, el Régimen de Faltas y Procedimientos de la Ciudad, el Código Procesal Penal, el Código Contencioso Administrativo y Tributario y la Ley Tarifaria.

En esta larga lista se agregan los expedientes donde se reclaman la presencia del ministro de Justicia y Seguridad con el objeto de conocer los alcances realizados en la implementación de las leyes de Seguridad Pública y de creación del Instituto Superior de Seguridad Pública.

Sin consenso

Hay una importante cantidad de proyectos -de diversa índole- que por falta de consenso no pudieron ser abordados y, entre ellos y haciendo una enumeración sucinta se pueden mencionar propuestas que proponen la creación de un Registro Unico de Organizaciones Beneficiarias de la Ciudad, el requerimiento de información referida a la Coordinadora General del Registro de Medios Vecinales, la solicitud de informes respecto a los fondos del Plan Federal de Viviendas, la modificación a la norma que creó el Consejo de la Juventud en el ámbito de la Ciudad, el otorgamiento de un permiso y explotación de carácter oneroso al Club de Amigos Asociación Civil.

Existen además despachos con dictamen de las comisiones correspondientes a expedientes de resoluciones donde se solicita al Ejecutivo que se abstenga de arancelar el ingreso y las actividades que se desarrollen en los polideportivos de la misma, mientras que a través de otro proyecto de declaración se insta al jefe de Gobierno a arbitrar los medios necesarios para habilitar el uso público y de libre acceso a la Plaza Colón ubicada en frente de la Casa Rosada; en la actualidad este paseo público tiene restringido el acceso a los transeúntes.

Corredores inmobiliarios. Este proyecto cuyo autor es el legislador Miguel Talento (MC) establece que los corredores inmobiliarios percibirán de sus comitentes, sean éstos vendedores, cedentes o locadores, la retribución que libremente pacten. El proyecto de norma sostiene asimismo que en cualquier contrato por el cual se transfiera el dominio de inmuebles los adquirentes abonarán por todo concepto a su cargo una comisión máxima del 3% calculada sobre su valor de compra.

Además determina que en la locación de todo tipo de inmuebles la comisión total a cargo del locatario no podrá ser superior al cinco por ciento del monto total del contrato si este superare los mil pesos de alquiler mensual y no podrá ser superior al tres por ciento sobre el monto total del contrato si este no superare los mil pesos de alquiler mensual y se trate de locación destinada a vivienda única.

Instituto de Vivienda. Otro de los proyectos que se encuentran en stand by es el que propone la modificación de la Ley que creó el Instituto de Vivienda de la Ciudad ya que se sostiene que es necesario otorgar una atención más eficiente a los problemas que se suscitan en torno a la urbanización de villas, asentamientos y núcleos habitacionales.

En virtud de ello se señala en el expediente enviado por el Ejecutivo que resulta conveniente transferir a la Corporación Buenos Aires Sur -entidad estatal cuya conformación societaria le permite operar con una agilidad acorde a la urgencia de los problemas a resolver- algunas de las funciones que desarrolla actualmente el Instituto de Vivienda de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires en lo referente a la planificación de la urbanización de villas, asentamientos y núcleos habitacionales transitorios, en el ámbito territorial de competencia de la citada Sociedad del Estado.

Plazos de los vetos. El oficialismo tiene virtualmente paralizado el proyecto de ley del titular de la bancada, Oscar Moscariello, mediante el que se establecen plazos para el tratamiento de vetos interpuestos por el jefe de Gobierno a normas sancionadas por el Parlamento. El mismo determina que el plazo para considerar una ley vetada en forma total o parcial por el Ejecutivo se fija en noventa días corridos dentro del período ordinario de sesiones; el plazo mencionado se inicia a partir de la fecha de la recepción del veto.

La norma propuesta por Moscariello estipula además que sí al vencimiento del plazo establecido, la Legislatura no ha aprobado la resolución de insistencia del veto total o aceptación del veto parcial, con las mayorías especiales establecidas en la normativa vigente, el proyecto se considera definitivamente vetado y el asunto no podrá ser tratado hasta que finalice el año parlamentario en el que se cumple el plazo establecido.