La adecuación de la legislación interna con las normativas internacionales respecto a la libertad de expresión avanzó con la aprobación de la despenalización de calumnias e injurias en la Cámara baja, y fue girado al Senado.
En la Cámara de Diputados fue hora de abocarse a los proyectos que el Poder Ejecutivo había anunciado en ocasión de conmemorarse los 30 años de la visita de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) durante la época de la dictadura.
Entre las diversas iniciativas, fue aprobada por la Cámara de Diputados la referente a calumnias e injurias, la cual modifica varios artículos del Código Penal de la Nación, para que esa figura deje de ser punible penalmente y se aplique sólo en el fuero civil.
La iniciativa fue aprobada por 154 votos contra 12.
El texto del proyecto remitido por el Ejecutivo -el cual ya tiene media sanción de la Cámara baja- plantea que “la calumnia o falsa imputación a una persona física determinada de la comisión de un delito concreto y circunstanciado que dé lugar a la acción pública será reprimida con una multa. En ningún caso configurarán delito de calumnia las expresiones referidas a asuntos de interés público o las que no sean asertivas”.
Al respecto, la presidenta Cristina Fernández de Kirchner había reivindicado a su Gobierno en materia de defensa de la libertad de expresión y reivindicó la “libertad para poder decir lo que uno quiere y piensa, aun cuando sea mentira”. Y dijo preferir “mil millones de mentiras antes que ser la responsable de haber cerrado la boca de alguien”.
La eliminación de la figura de “calumnias e injurias” como delito penal, se encuentra en sintonía con el fallo de mayo pasado de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) que había advertido a la Argentina que estos delitos, tal como están redactados, atentan contra la libertad de expresión. Actualmente, el Código Penal prevé penas de hasta tres años de prisión y multas que pueden llegar a los 90 mil pesos para los delitos de calumnias e injurias, aplicados particularmente contra periodistas que publican informaciones que los afectados consideran falsas o difamantes.
En el debate en el recinto, la miembro informante del oficialismo Nora César manifestó que “con esta ley estamos defendiendo la libertad de expresión”.
Para el jefe de bloque de los diputados de la Concertación Hugo Prieto, “la Libertad de expresión es primordial para el fortalecimiento de todas las instituciones de la sociedad. Sin dudas este derecho se encuentra, a veces, en contradicciones con otros derechos; como el derecho a la propiedad privada. Esto ocurrió en el recinto cuando debatimos la sanción de la ley de Servicios de Comunicación Audiovisual, pero estamos convencidos que siempre debe primar el derecho a la libertad de expresión”.
A pesar de las diversas críticas que cosechó el proyecto del Poder Ejecutivo, fue aprobado por 154 votos a favor y solamente 12 en forma negativa.
Por su parte, la diputada kirchnerista Diana Conti destacó que “no va a haber más delito respecto del periodista o medio que haga una crítica calumniosa o injuriosa si no actúa con real malicia” y consideró que la norma es “un orgullo y un salto cualitativo”.
La radical Silvana Giudici acompañó en general, pero pidió “ir más allá en la definición de la libertad de expresión” y reclamó cambios en la redacción del proyecto.
En contra de esta iniciativa se manifestó la diputada y conductora de TV Lidia “Pinky” Satragno, quien disparó: “Ahora, a calumniar se ha dicho”.
