El primer tema importante previsto para su tratamiento en la Cámara alta recibió sanción poco después de las 18. Hablamos del proyecto de Responsabilidad Fiscal, convertido ahora en ley y por el cual quedan por dos años sin efecto los topes de gasto y endeudamiento para las provincias.

La norma deroga hasta fines de 2010 varios artículos de la Ley de Responsabilidad Fiscal, entre los que se incluye el 10 que originalmente indicaba que la tasa de incremento del gasto público primario (antes del pago de deuda) de las provincias no podría superar la tasa de suba del PBI.

El proyecto fue convertido en ley por 35 votos contra 17.

Entre los senadores no oficialistas que apoyaron la ley figuraron el representante del Movimiento Popular Neuquino, Horacio Lores, la rionegrina María José Bongiorno (Encuentro de los Rionegrinos) y su comprovinciano radical Pablo Verani. La justicialista Silvia Giusti, que aún pertenece al Frente para la Victoria pero responde al gobernador Mario Das Neves, votó en contra.

La iniciativa del Poder Ejecutivo nacional era alentada con firmeza por una decena de provincias, que aguardaban la sanción del Senado, para avanzar en un programa de emisión de deuda cercano a los u$s 2.280 millones destinado a enfrentar la crítica situación financiera de sus distritos y a la vez evitar tener que recurrir a las cuasimonedas.

En este marco, los senadores nacionales debatieron la suspensión de la Ley de Responsabilidad Fiscal, sancionada en el 2004, con el objetivo de que las provincias no se endeuden.

En su defensa, el miembro informante del oficialismo Fabián Ríos sostuvo que “la ley fue beneficioso para la economía nacional y la economía provinciales” ya que “sirvió para no repetir la peor época de los noventa donde la política era gastar sin control y endeudarse”. Sin embargo, “hoy, como regla general sirve, pero para el cúmulo de problemas que provocaron las pandemias, la sequía que afecto a casi todo el país, y la caída de los recursos por la crisis financiera internacional fue demasiado. Por eso es que estamos debatiendo este proyecto de ley”, explicó.

“Esto es un régimen de excepción para amortiguar el impacto sobre las economías provinciales que soportaron ese cúmulo de contingencias”, agregó el senador correntino, quien aclaró: “Esto va a ser corregido durante el 2010 porque vamos a tener un crecimiento sostenido y vamos a llegar al 15 por ciento de coparticipación y eso a permitir a las provincias cerrar sus cuentas en el 2010”.

Tal es la situación de las provincias que el senador del Movimiento Popular Neuquino, Horacio Lores, y el radical cobista de Río Negro, Pablo Verani, adelantaron que votarán a favor del proyecto de ley que impulsa el Gobierno.

En este sentido, Lores sostuvo que “en una situación de crisis económica global como la que nos toca vivir, en la que los niveles de recaudación han caído y los gastos de las administraciones provinciales siguen creciendo, por tratarse principalmente de erogaciones en salarios, el déficit presupuestario está instalado sin que se vislumbre su reversión en el corto plazo”.

Y agregó que “flexibilizar el límite de endeudamiento provincial y permitir el aumento del gasto corriente es una medida coyuntural e imperiosa dada la situación financiera de mi provincia, pero no se debe dejar de lado la solución de fondo que es el retrasado acuerdo fiscal entre Nación y provincias para modificar la reasignación de fondos nacionales al conjunto de las provincias y los criterios de equidad que deben existir entre éstas para lograr una justa distribución de los recursos coparticipables”.

En tanto, el ex gobernador de Río Negro Pablo Verani ya le anticipó al actual mandatario provincial, Miguel Saiz, que votará a favor de la suspensión de la ley de Responsabilidad Fiscal.

“En la iniciativa se introducirán modificaciones al actual texto, flexibilizando, entre otras, las cuestiones que tienen que ver con la búsqueda de alternativas de financiamiento para los estados provinciales”, puntualizó la información emitida por la gobernación de Río Negro.

En concreto, la iniciativa que cuenta con el apoyo de legisladores de diversas fuerzas políticas y de la mayoría de las provincias, prevé que queden sin efecto este año y el próximo la aplicación de la prohibición para emitir deuda por un valor superior al 15% de sus ingresos corrientes (artículos 10 y 21), y la imposibilidad de cerrar el ejercicio fiscal del año con déficit financiero (artículo 19). También el proyecto impulsa una mayor flexibilidad para poder trasladar recursos destinados a gastos de capital (obras de infraestructura e inversiones) hacia el rubro de gastos corrientes (artículo 15).

Para una decena de provincias, la sanción del proyecto es fundamental para equilibrar sus problemas de caja y asegurar el pago de salarios, previniendo cualquier escenario de conflicto social. Según adelantaron a El Cronista fuentes vinculadas a las provincias, los distritos con un panorama fiscal más comprometido proyectan un programa de emisión de deuda que ronda los u$s 2.280 millones hasta fin de año.

A la cabeza de esa estrategia aparecen Buenos Aires y Córdoba. Mientras la administración de Daniel Scioli prevé una emisión cercana a los u$s 1.300 millones, la gestión de Juan Schiaretti negocia desde hace meses una colocación de u$s 150 millones, a una tasa de 12% en dólares. A su vez, Mendoza y Chubut proyectan emisiones por u$s 150 millones, en tanto que Chubut y Tierra de Fuego contemplan un mínimo de endeudamiento de u$s 100 millones.

Un caso particular es el de la ciudad de Buenos Aires, que tiene proyectada una emisión de deuda de u$s 330 millones (destinados a financiar programas de infraestructura y obra pública, entre otras iniciativas), pero decidió no acompañar la iniciativa para suspender la ley de Responsabilidad Fiscal. “Pedimos que si a otras provincias les van a dejar violar la ley, que nos dejen endeudarnos sin permiso del Gobierno nacional. Nos tienen trabados fondos desde hace más de un año mientras se premia con flexibilidad a los que no cumplen la ley”, argumentó a este diario el diputado del Pro Esteban Bullrich.

La expectativa de las provincias es que la ANSeS se convierta en el principal tomador de sus bonos, aunque analistas del sector advierten que esa posibilidad podría ser utilizada por la administración Kirchner para “disciplinar” a los gobernadores díscolos, aprovechando las dificultades de la crisis para acceder al crédito en el mercado externo.