De acuerdo con su definición formal, la Administración Federal de Ingresos Públicos -mejor conocida por su acrónimo Afip- es el “ente encargado de ejecutar las políticas impulsadas por el Poder Ejecutivo Nacional en materia tributaria, aduanera y de recaudación de los recursos de la seguridad social”. El Decreto N° 618 que el Poder Ejecutivo emitió el 10 de julio de 1997 precisa su carácter autárquico en el ámbito del entonces Ministerio de Economía y Obras y Servicios Públicos.
Pero, la realidad trasciende la letra abstracta de las normas. Y vaya si los argentinos entendemos de estas cuestiones; a fuerza de puro empirismo nos hemos convertido en expertos de asuntos cuasi metafísicos que nacen en los márgenes invisibles de tácitos digestos “indigestos”.
A la sombra de la tinta que alimenta nuestro sistema jurídico-institucional, descansan curiosas criaturas; cuatro letras bastan para cobijar una críptica figura. Debajo de la explícita Afip brota un manantial de verdades esotéricas.
Es suficiente revisar ínfimas porciones del informe, los cuadros y el texto que componen el proyecto de Ley de Presupuesto General de la Administración Nacional correspondiente al año próximo para descubrir una Argentina paralela. En este país virtual, la Afip se transforma en una provincia supernumeraria.
Penetrando la cuarta dimensión cabe poco para sorprendernos. Ni siquiera que la pseudo-provincia, sin territorialidad, sin población, lejos de significar una minúscula anomalía conceptual, se cuela entre los distritos más grandes. Para ser más minuciosos, en el séptimo lugar. Detrás de Buenos Aires, Santa Fe, la Capital Federal, Córdoba, Entre Ríos; abriéndose camino entre Mendoza y Tucumán. Al menos es así, a tenor de sus gastos previstos para 2010: una friolera superior a los $ 7.437,5 millones.
Esta cifra, casi tan difícil de pronunciar como de deglutir, tiene el dudoso mérito de representar apenas el 13% de las erogaciones proyectadas para la administración bonaerense durante 2009. Trepa a casi la mitad para los casos santafesino y porteño, se acerca a los dos tercios del cordobés y se empareja con sus dos más próximos. En el otro extremo, quintuplica los presupuestos vigentes para Tierra del Fuego y La Rioja.
En tren de comparaciones que, para hacer honor al dicho, resultan odiosas, los 23.392 agentes, que oficialmente declara el jefe de Gabinete, en la plantilla de la Afip suponen un costo laboral per cápita superior a los $ 22 mil mensuales, mientras que para cada uno de los 85 mil empleados por la Provincia de Córdoba se alcanzarían promedios de ganga: unos $ 5.400. Evidentemente, alguien debería explicar este desequilibrio. Hasta entonces, el más pedestre entendimiento nos condena a concluir que existen dos categorías de argentinos: los privilegiados y los que están en oferta. O, por qué no, el enigma cósmico de la Afip versus un outlet de provincias.
Enfoquemos mejor la lente para sustentar esta teoría de la provincialidad virtual. ¿Qué fondos nutren a la Afip? Volviendo a la frialdad del ámbito formal, todo se explica en el artículo 1 del Decreto N° 1399 de noviembre de 2001. Microscópicamente, el inciso “a” otorga “un porcentaje de la recaudación neta total de los gravámenes y de los recursos aduaneros cuya aplicación, recaudación, fiscalización o ejecución fiscal se encuentra a cargo de la Administración Federal de Ingresos Públicos”. El texto de la media sanción del presupuesto nacional 2010 concreta ese porcentaje en una alícuota de 1,90%.
Parece una cifra inocua, amistosa. Lejos de ello; hablamos de $ 5 mil millones. Bien quisieran dieciséis de nuestras veintitrés provincias manejar ingresos de tal magnitud. Peor aún, esa jugosa masa de dinero se liquida antes de la coparticipación. En otras palabras, parte del fondeo que debería destinarse a las provincias se detrae para financiar la Afip. Aquí radica justamente su absurda condición de provincia sin “provincialidad”.
Con perdón de las dispepsias causadas a más de un funcionario, empleado provincial o simple ciudadano, antes de cerrar este ensayo de ontología institucional, dejo una incógnita (con la debida advertencia para los más impresionables): ¿cómo explica el Tesoro Nacional las transferencias corrientes a la Afip de $ 1.000 millones estimadas para 2010? Aquí confieso mis limitaciones políticas, filosóficas y de cualquier otra índole para despejar cualquier duda o suspicacia con los detalles pertinentes. Tal vez, sea demasiado pretencioso al confiar que en la Argentina de hoy quien ocupa una banca de diputado nacional y representa al pueblo tiene derecho a este tipo de conocimientos e informaciones.
En fin, los argentinos nos merecemos un organismo recaudador eficiente, activo, dotado de personal capaz y bien remunerado. Sin embargo, es hora de equilibrar medios, fines y realidades. Tan legítimo como pensar en la mejor Afip es trabajar por la equilibrada distribución de los recursos coparticipables, sin echar mano de aquello que corresponde a las provincias por su naturaleza e identidad efectiva.

Albrisi es diputado nacional por Córdoba