Inmerso en una gran polémica por las escuchas telefónicas, el ministro Guillermo Montenegro pasó por la Comisión de Presupuesto y Hacienda para hablar precisamente de la ley de presupuesto, en lo que hace a su área.

El ministro de Seguridad y Justicia reclama para el ejercicio 2010 de 850 millones, aunque debió hablar con los legisladores de algo más que números.

Números positivos, como cuando dijo que su ministerio consiguió reducir un 15 por ciento la cantidad de víctimas fatales por accidentes de tránsito.

Tuvo algunas lagunas, como al admitir que la ciudad no cuenta con un mapa del delito, y que eso se debe a que aún no están los últimos resultados de la encuesta sobre victimización.

Lo hizo ante una pregunta puntual del diputado Martín Hourest, quien sostuvo que la seguridad en la ciudad de Buenos Aires se maneja según “las ley de la oferta y la demanda”.

Montenegro detalló que su área logró reducir al 50 por ciento los casos positivos de alcoholemia y que se realizaron 10 mil controles, y que las partidas para pagar la seguridad como por ejemplo en las escuelas, ahora la maneja cada ministerio.

Consultado sobre la deuda que la Ciudad tiene con la Policía Federal, cuantificó la misma en 24 millones en concepto de servicios adicionales o de refuerzos y por la policía comunitaria. Asimismo señaló que la Policía Metropolitana solamente puede actuar ante un caso de in fraganti delito como puede ser un delito federal como el de narcotráfico.