Un proyecto de ley del senador kirchnerista Marcelo Fuentes establece los honorarios en cada caso en el cual interviene un perito de ciencias económica como auxiliar de la Justicia.
Una voz de protesta se alza desde el Colegio de Profesionales de Ciencias Económicas, el cual ha venido trabajando en la implementación de un nuevo régimen legal que actualice las funciones y honorarios que perciben estos profesionales en su labor de auxiliares de justicia.
En esta línea, el senador oficialista Marcelo Fuentes presentó un proyecto de ley que intenta incorporar la mayoría de las propuestas del Colegio, como son la inaplicabilidad de los artículos 9 y 10 de la ley Nº 24.432 a los peritos en ciencias económicas, que provocaron, en algunos casos, “un retroceso en los derechos de los auxiliares de justicia”.
El proyecto del legislador misionero cuenta con 35 artículos y detalla cada caso en el cual interviene un perito de ciencias económica en la Justicia y especifica claramente cuales serían los honorarios.
Sosteniendo a lo largo del articulado la idea de que “la labor de los peritos en ciencias económicas en el ámbito judicial ha vivido durante los últimos años un proceso de desgaste e incertidumbre”, el proyecto fija que la actividad “se presume onerosa, sin admitir prueba en contrario. El honorario reviste carácter alimentario, y por ello es personalísimo”.
El monto de los honorarios a regular, conforme la valoración de la tarea del auxiliar de la Justicia, no podrá ser inferior al 5 % ni superior al 10 % del monto de la sentencia que pone fin al pleito, más el de la reconvención si la hubiere. Entiéndase por monto de sentencia, la suma por la que prospera o se rechaza la acción, comprensiva de capital, intereses y otros cargos que pudieran corresponder.
En ningún caso el honorario por la tarea realizada podrá ser inferior al 15 % de la remuneración correspondiente al Secretario de Juzgado. Entiéndase por tal, la suma de los importes brutos de todos aquellos rubros sea cual fuere su denominación, incluida la bonificación por antigüedad, la que se calculará con una base de 5 años. La Corte Suprema de Justicia de la Nación suministrará mensualmente dicho valor.
Los honorarios regulados deberán ser depositados dentro del décimo día de quedar firma el auto regulatorio. Vencido el plazo, la mora operará automáticamente y los honorarios regulados devengarán de pleno derecho un interés conforme a la tasa activa del Banco de la Nación Argentina para operaciones de descuento a treinta días.
Asimismo, los honorarios apelados devengarán el interés indicado en el artículo precedente, desde la fecha de la primera regulación.
Con respecto de los auxiliares de justicia designados de oficio, sus honorarios serán exigibles a cualquiera de las partes litigantes o terceros citados en garantía, sin perjuicio del derecho de repetición que tendrá la parte que haya pagado contra la condenada en costas.
En el caso de cuando los profesionales en ciencias económicas sean designados en juicios para actuar como administradores judiciales, de personas físicas o jurídicas, de sucesiones, entes u organismos de cualquier objeto o naturaleza jurídica, se les regulará un honorario en una escala del 10 % al 20 % sobre el monto total de los ingresos brutos habidos durante su desempeño o el valor de los bienes administrados, el que fuere mayor. Al tratarse de designaciones en juicios para actuar como interventores veedores/informantes, sus honorarios serán regulados en una escala de entre el 5 % y el 10 por ciento. Todas las bases referidas se encontrarán expresadas a valores de la fecha del auto regulatorio.
Cuando estos profesionales sean designados en juicios para actuar como interventores recaudadores, sus honorarios serán regulados en una escala del 10 % al 20 %, calculados sobre la recaudación efectuada. En las actividades regladas en este artículo, y cuando, según los casos, la tarea del profesional requiera de atención diaria o impliquen un gasto diario y necesario, de monto fijo y carácter permanente, el auxiliar de justicia podrá solicitar que se le fije un monto retributivo de estos desembolsos, el que será deducido de la recaudación diaria de la actividad objeto de su tarea.
Las funciones de liquidadores judiciales para los mismos casos que los citados para los administradores, serán remuneradas en una escala del 10 % al 20 %, aplicada sobre el monto de los bienes liquidados.
El honorario de todo profesional derivado de la actuación como perito liquidador de averías y siniestros, será regulado de igual manera que para los peritos designados de oficio.
