Con la presencia de las Abuelas de Plaza de Mayo, los diputados aprobaron el proyecto de ley del Gobierno para regular los métodos invasivos para la realización de análisis de ADN. Ahora, la polémica se trasladó al Senado. Además, se aprobó la creación del Banco Nacional de Datos Genéticos.
En búsqueda de una herramienta más en la férrea búsqueda de los niños secuestrados a sus padres durante la última dictadura militar, la Cámara de Diputados aprobó un proyecto de ley que impulsa el Poder Ejecutivo para otorgarle un marco normativo a los métodos de análisis de ADN, tomando diversas muestras de hijos de desaparecidos.
Luego de un largo debate y fuertes cruces entre diputados y los integrantes de organizaciones de Derechos Humanos que ocupaban las gradas, la iniciativa se aprobó por 154 votos a favor, 32 en contra y 14 abstenciones.
Entre silbidos y abucheos, se vivió un debate ferviente que fue definido en forma excelente por el diputado oficialista Hugo Perie, quien pidió que no se discuta mas este tema porque había diputados que piden consensos y que se siga discutiendo el tema en comisión, pero acá no puede haber acuerdos”. “Si bien esto no es un River – Boca, se trata de la vida y la muerte, por lo que no vamos a esperar a un nuevo Congreso, donde se tenga que debatir un tema sobre derechos humanos con la Sociedad Rural”, disparó.
En este clima se desarrolló un debate que a priori todos los sectores políticos coinciden en “Nuca Más” los militares en el poder, sin embargo, lamentablemente, algunos discursos –la versión taquigráfica no dejará dudas- “defienden” algunos accionares de aquella época.
En cambio, el diputado Jorge “Pampa” Alvaro, defendió el proyecto y dijo que éste “es un homenaje a los padres de los pibes que todavía seguimos buscando. Es una ley que viene a saldar una deuda con la historia de nuestro país”.
En el mismo sentido, la diputada del Frente para la Victoria Adela Segarra sostuvo que había “escuchado en innumerables ocasiones” la palabra “compulsivo”, y explicó que “nada tiene de compulsivo un proyecto que prevé que estas medidas deban tomarse siempre dentro de un análisis de necesidad, razonabilidad y proporcionalidad de cada caso, para evitar así la revictimización y la afectación de derechos de los jóvenes analizados y garantizar los derechos que le asisten a cualquier imputado”.
En concreto, a partir de esta ley, tal vez la que deja más margen para la polémica, el juez podrá ordenar la obtención de ADN del imputado o de otra persona, cuando ello fuere necesario para su identificación o para la constatación de circunstancias de importancia para la investigación.
Por su parte, en el inicio del debate que duró cinco horas y media, la miembro informante del oficialismo defendió el proyecto para regular la obtención de ADN, fue la diputada oficialista Nora César, presidenta de la Comisión de Legislación Penal, quien consideró que la norma “enfrenta la averiguación de la verdad como meta principal del proceso penal frente a la intimidad e integridad física de las personas”.
En un sentido discurso, la legisladora oficialista explicó que el proyecto del Poder Ejecutivo busca “atender al colectivo de niños, hoy mayores, que fueron entregados a otras personas para que los criaran como propios”.
En esa línea, el titular de la Comisión de Derechos Humanos, Remo Carlotto, remarcó que la norma “viene a dar respuesta a la solución amistosa entre el Estado argentino y las Abuelas de Plaza de Mayo para encontrar mecanismos y herramientas que faciliten la búsqueda de la identidad de los hijos de nuestros compañeros”.
Carlotto sostuvo que los alcances del proyecto fueron “tendenciosamente” informados, al precisar que la iniciativa “no” establece una “extracción compulsiva de sangre” como indicaron algunos medios.
El proyecto busca reglar los procedimientos para realizar estudios de ADN y contempla la posibilidad de realizar otras medidas “menos lesivas” para asegurar el pleno goce los derechos de las personas como “la extracción de muestras mínimas de sangre, saliva, piel y cabello”.
En los fundamentos del proyecto, se sostiene que el Estado tiene “el deber jurídico” de prevenir razonablemente las violaciones a los derechos humanos “a fin de identificar a los responsables de imponerles sanciones pertinentes y de asegurar a la víctima una adecuada reparación”.
Desde la Coalición Cívica, Fernanda Gil Lozano, pidió la vuelta a comisión de la iniciativa y afirmó que no es “una enemiga” sino que quería “que se discuta más la norma y no se vulneren los derechos de las presuntas víctimas”.
Por el radicalismo, el diputado Pedro Azcoiti, consideró que el proyecto “es un avance” pero pidió profundizar el debate de la norma “con el compromiso de tratarlo en la próxima sesión”.
Por su parte la diputada del bloque Movimiento Libres del Sur e hija de desaparecidos, Victoria Donda, consideró a esta día como “uno de los más especiales desde que ingresé a la Cámara” y tras leer el nombre de los 98 nietos recuperados por Abuelas de Plaza de Mayo pidió la votación de la ley.
Donda expresó que desde su condición de hijos de desaparecidos debieron sufrir “la tortura que es no saber quien sos; la tortura de estar esperando que se muera la gente que dice que son tus padres, que los querés, y que mientras tanto pasa el tiempo se pueden estar muriendo tus verdaderos abuelos”.
Banco ADN
La Cámara de Diputados aprobó y giró al Senado un proyecto de ley del Poder Ejecutivo que le da carácter nacional al Banco de Datos Genéticos, para reemplazar al establecido en 1987 que funciona en la órbita de la Ciudad de Buenos Aires.
La iniciativa fue aprobada por 135 votos afirmativos, contra 47 negativos, en tanto que se registró una abstención.
