La Cámara de Diputados de la Nación aprobó un proyecto de ley que impulsa el Gobierno para suspender la ley Nº 26.017, durante dos años. La oposición apoyó la medida con algunas objeciones. Ahora será el turno del Senado.
La suspensión de la Ley Nº 26.017 obtuvo el aval de la Cámara baja, por lo que ahora es el turno de la Cámara alta, para que -luego de sancionar la ley-, el ministro de Economía, Amado Boudou, pueda encarar la etapa definitiva para hacer una nueva oferta a los bonistas que quedaron fuera del canje de la deuda.
Luego de dos horas y media de debate, la modificación de la Ley Cerrojo fue aprobada por 165 votos a favor y 28 en contra. Cabe destacar que la oposición apoyó en general la iniciativa kirchnerista. En cambio, el sector de centro izquierda y el socialismo, aliados en la mayoría de los proyectos, se opuso a la reapertura del canje de la deuda.
El proyecto se refiere a la deuda que permanece dentro del default asciende a 20.000 millones de dólares, por lo que se suspenderá temporalmente la vigencia de los artículos 2,3, y 4 de la Ley Nº 26.017, a fin de reestructurar la deuda instrumentada en los Títulos Públicos que fueran elegibles para el canje dispuesto por decreto 1735/04.
Al defender el texto, el titular de la Comisión de Presupuesto de la Cámara baja, el oficialista Gustavo Marconato, sostuvo que con esta iniciativa “queremos darle al Poder Ejecutivo las herramientas necesarias” para “perfeccionar las operaciones del canje”.
“Esto a la Argentina le permitiría reducir el riesgo país y facilitar el acceso al mercado de capitales”, afirmó el legislador santafesino.
Además, Marconato sostuvo que “buena parte de esos bonistas (que ingresaron en 2005) quieren incluirse en esta reapertura del canje y aceptar la quita de capital y de intereses y el acortamiento del plazo, aún en condiciones menos ventajosas que en 2005”.
A su turno, el vicepresidente de la comisión de Presupuesto, el radical, Miguel Giubergia, anticipó el respaldo de la UCR a esta “herramienta” del Poder Ejecutivo aunque planteó diferencias con el texto, al considerar que se debe incluir “la prohibición de establecer pagos de comisión”.
También, desde el PRO, el diputado nacional Federico Pinedo, respaldó la propuesta del Poder Ejecutivo, al sostener que con esta iniciativa “el gobierno defiende el interés nacional” y afirmó que “está demostrando que tiene voluntad de pago y de cumplir con sus obligaciones”.
En tanto, el diputado del PJ disidente Jorge Sarghini aseguró que su bloque votó a favor del proyecto del Gobierno porque “esta iniciativa ayuda a normalizar nuestra relación con el mundo y con los mercados”.
“La razón es la necesidad del financiamiento que necesita el sector público”, concluyó el legislador bonaerense.