La ley que establece un nuevo Régimen Penal Juvenil se ha convertido en una gran deuda del Parlamento. Sin voluntad política, el Senado no trata hace cuatro meses un proyecto aprobado en general por unanimidad.
Por Julio El Alí
En la pobreza extrema, sus padres sin trabajo, sin una vivienda digna, un estado de salud riesgoso y la precaria educación, configuran un niño signado por las carencias sociales más extremas. Sin dudas, criarse en ese contexto tiene altos riesgos de ingresar a la delincuencia, al mundo de las drogas y a la prostitución infantil. Al igual que la pobreza estructural y el crecimiento de los barrios marginales, estos flagelos provocan impotencia en cualquier persona. Sin embargo, ante los hechos delictivos, se produce el efecto contrario: se olvida la bronca que produce no poder brindarle una infancia digna y aquella pena se transforma en ira contra los menores delincuentes.
Ante el primer caso público en el cual un delito capta la atención de los medios de comunicación y es retransmitido varias horas al día, el sentimiento social parece transformarse en una voz unánime en reclamo de seguridad. Entonces, este marco social conlleva a los políticos a buscar una solución que ayude a los menores a salir de la pobreza extrema, crecer con dignidad y, a su vez, frenar la inseguridad que toma rasgos cada vez más violentos.
Por lo tanto, el Congreso nacional debe tomar una decisión con respecto a los diversos proyectos de ley que existen sobre un nuevo Régimen Penal Juvenil, el cual ha sido debatido ampliamente en las distintas comisiones de ambas cámaras. Sin embargo, la voluntad política del Gobierno se centra en combatir la delincuencia juvenil desde la ayuda social y la contención de los menores más vulnerables. A pesar que el actual jefe de Gabinete, Aníbal Fernández, -anterior ministro de Seguridad- había comunicado a los diputados el envío de un proyecto de ley cuando fue el caso Capristo, la iniciativa nunca llegó al Parlamento y la propuesta consensuada en base al proyecto del legislador Emilio García Méndez (SI) fue congelada.
En cambio, en el Senado avanzaron con un proyecto de ley que establece un nuevo régimen penal para los menores de 18 años, pero sólo lo aprobaron en general y en particular volvió a comisión porque varios bloques, entre ellos el radicalismo, tenía objeciones sobre los artículos que establecían que el nuevo régimen contemplara la edad entre 14 y 18 años. Luego de aquel 8 de julio, no se discutió más en ninguna comisión ni en el recinto. Es decir que los senadores no debaten sobre este tema hace cuatro meses. Aunque la Cámara baja supera esta marca ya que nunca concluyó el debate que había comenzado en abril y que incluyó la asistencia del juez de la Corte Suprema Eugenio Zaffaroni.
Evidentemente, no existe voluntad política de aplicar un cambio radical con respecto al Código Penal para menores de 18 años. La traba más visible es el establecimiento de la edad y sus penas correspondientes, mientras que existe un conflicto más grave aún que es el de los recursos necesarios para implementar un nuevo Régimen Penal Juvenil.
En conclusión, la norma sobre la delincuencia juvenil está cajoneada en el Congreso, que a poco de terminar el año parlamentario encara otros temas que lo divorcian de los reclamos de la sociedad.
