La situación fiscal del Gobierno es cada día más complicada. A la falta de financiamiento y de control sobre el gasto público, se le suma una recaudación tributaria que no logrando la perfomance esperada y todo indica que la situación será más preocupante en los próximos meses.

De allí es que la gestión K entró en un vorágine fiscal, que evita a rajatabla hablar de ajuste, pero que en los hechos concretos se empieza a parecer bastante a los programas de la década de los ‘90.

Y lo peor de todo es que el ajuste recae sobre los asalariados. Así como en la década de los ’90 se aplicó la teoría de la reducción del déficit fiscal vía menores salarios en el país, tanto en la administración pública como privada, ahora la historia se repite.

Y se repite en función de las últimas decisiones adoptadas por el Poder Ejecutivo, como es la ratificación del ajuste tarifario y el fuerte aumento que se promueve a través del proyecto de ley de modificación del monotributo, un punto central que deberá resolverlo el Congreso.

En el primer caso, se volvió a implementar el ajuste en las tarifas de los servicios públicos, con aumentos que van hasta el 300 por ciento.

En los últimos días las asociaciones de consumidores volvieron a la carga para dejar sin efecto ese verdadero tarifazo, aunque se presume que hasta que no se concrete la renovación parlamentaria no habrá novedades al respecto.

Y en la última semana el Gobierno presentó, con el título de proyecto de modificación, un nuevo ajuste en el monotributo.

El punto central de este proyecto, tal como fue enviado por el Gobierno al Poder Legislativo, contempla un notable ajuste del 85 por ciento en el esquema del monotributo para las categorías más bajas.

La realidad de los últimos dos años ha demostrado que cada vez son más los contribuyentes que se pasan al monotributo.

Es más, se estima que hacia fin de año habrá alrededor de 1.300.000 monotributistas.

Por el contrario, en el régimen general, es decir, el de los autónomos que deben pagar IVA y Ganancias, el porcentaje de aportes se reduce mes a mes.

De acuerdo con la iniciativa del Ejecutivo, este proyecto de ley prevé aumentos superiores al 80% para las dos categorías más bajas, en las cuales está ubicada una masa de 700 mil inscriptos.

A su vez, amplía el alcance del régimen para las locaciones de servicios de $ 72.000 hasta $ 200.000 por año y para el resto de las actividades de $ 144.000 hasta $ 300.000.

El objetivo central del Ejecutivo es que el nuevo régimen se apruebe rápidamente y entre en vigencia a partir del 1° de enero de 2010, aunque eso está en duda.

Sin duda que el ajuste es muy severo y es factible que muchos legisladores objeten semejante aumento, por lo que se espera un arduo y complicado debate.