Según lo expresado en rueda de prensa realizada en la Legislatura por los legisladores Martín Hourest, Diana Maffía y Patricia Walsh, la convocatoria estaba dirigida a reclamar que el Poder Judicial de la Ciudad debe ejercer su poder específico al servicio de su tarea irrenunciable de aplicación irrestricta de los derechos y garantías constitucionales.

Al respecto los diputados expresaron que el Poder Judicial “debe garantizar a toda persona el acceso irrestricto a una justicia imparcial, pronta, oportuna y gratuíta que garantice el debido proceso y el cumplimiento efectivo de todas las garantías que otorgan la Constitución Nacional, los Tratados Internacionales, la Constitución de la Ciudad y las leyes, contribuyendo así al mantenimiento de la calidad republicana de las instituciones, del equilibrio democrático y la mejor convivencia pacífica”.

Asimismo denunciaron que “cualquier reforma que imponga una ‘contracautela’ –pago previo por parte del demandante de una medida para cubrir posibles gastos en caso de que perdiera el litigio tras la sentencia judicial- es una forma de limitar el acceso a la justicia de los ciudadanos y ciudadanas”.

Al respecto señalaron que “como todo Poder del Estado, la Justicia debe ser asumida como un servicio público transparente, que rinde cuentas a todos en forma accesible, con finalidades claras y objetivos específicos, pasibles de medidos, evaluados y controlados en su real cumplimiento por los habitantes”.