Desde las 13, la Cámara alta se encuentra sesionando con el objetivo de convertir en ley la modificación del Monotributo y prorrogar por dos años la Emergencia Económica. También habría acuerdo para aprobar el nuevo Régimen Penal Juvenil y Prohibir la venta de medicamentos fuera de las farmacias.
En una de las últimas sesiones de 2009, la Cámara alta intentará finalizar la aprobación del proyecto de ley que establece un nuevo Régimen Penal Juvenil, y convertir en ley normas claves para la política económica del Gobierno.
Monotributo y Emergencia Económica
Tanto la prórroga de la Emergencia Económica como la reforma al régimen del Monotributo ya cuentan con media sanción de Diputados, y una semana atrás lograron obtener el dictamen favorable de la Comisión de Presupuesto y Hacienda de la Cámara alta.
Recordemos que la prórroga de la Emergencia facultará a la Presidenta de la Nación a seguir fijando tarifas, renegociando los contratos de los servicios públicos privatizados, regulando precios de la canasta básica, y reordenando el sistema financiero.
En los fundamentos del proyecto, el Ejecutivo señaló que “pese a la positiva recuperación económica y social experimentada hasta el presente, el escenario mundial se transformó sustancialmente”.
En cuanto al sistema del monotributo contaría con un respaldo holgado entre los senadores debido a que cuenta con consenso entre oficialistas y sectores de la oposición.
El texto original sufrió un cambio en Diputados, con la eliminación de la primera de las categorías, por lo que los contribuyentes que facturaban hasta 12 mil pesos anuales serán incorporados a la escala siguiente.
El sistema arrancará con una categoría con un tope de facturación de 24 mil pesos al año, y se pagará una cuota de 219 pesos mensuales. El proyecto de modificación establece que la cuota mínima del componente impositivo será de 33 pesos mensuales, la contribución a la Seguridad Social pasará de 35 a 110 pesos y que el aporte a la obra social aumentará de 46,75 a 70 pesos.
De esta manera, la primera categoría del monotributo, con ingresos brutos hasta 12 mil pesos, que hasta ahora pagaba 114 pesos, pasará a abonar 213 pesos.
Reforma Penal Juvenil
Hace cuatro meses, en la primera sesión después de las elecciones legislativas, los senadores aprobaron en general por una unanimidad el proyecto de ley sobre el derecho penal para los menores de 18 años, tan reclamado por la sociedad. Pero quedó pendiente en particular.
Por lo tanto, el articulado del proyecto de ley fue consensuado sobre un nuevo Régimen Penal Juvenil en el Senado y llegará al recinto para aprobarlo y girarlo a Diputados.
En aquella oportunidad, la iniciativa aprobada en general obtuvo 43 votos afirmativos, pero los artículos que establecían que el nuevo régimen contemplara la edad entre 14 y 18 años habían provocado varias disidencias entre los bloques.
Salvadas las diferencias, el nuevo régimen penal juvenil sería aprobado en particular, aunque debe superar un obstáculo: el tratamiento de la modificación del Monotributo y la prórroga de la Emergencia Económica, los cuales son prioridad para el oficialismo en el Senado.
El debate en general
Al comenzar la defensa del proyecto, que ya tiene dictamen consensuado de comisión, la senadora oficialista Marita Perceval afirmó que “no podemos aplicar a los adolescentes el derecho penal de los adultos”.
“La doctrina actual hace de los menores de 18 años unos objetos pasivos que deben estar encerrados y tutelados por lo que debemos superar esta ideología alejada de los derechos humanos”, agregó la legisladora mendocina.
“Con la mano dura no se resuelve la inseguridad”, consideró la presidenta de la Comisión de Defensa Nacional.
“Nunca más se podrá poner penas sin límites, es decir perpetuas por un delito cometido antes de cumplir la mayoría de edad”, comentó la senadora Sonia Escudero, quien fue presidenta de la Comisión de Seguridad Interior y es autora de un proyecto sobre el tema.
Por su parte, el titular del radicalismo, senador Gerardo Morales, comentó que “el bloque de la UCR no está de acuerdo con la baja de la imputabilidad pero apoya este proyecto porque es un nuevo régimen penal para los menores”.
El proyecto
El proyecto, que es la unificación de varias iniciativas, establece que en ningún caso una persona menor de 18 años a la que se le atribuya la comisión de un delito podrá ser juzgado por el sistema penal general ni podrá atribuírsele las consecuencias previstas para las personas mayores.
Están exentas de responsabilidad penal las personas que al momento de cometer el delito que se les impute no alcancen la edad de 14 años.
Tampoco serán punibles quienes tengan 14 o 15 años y hayan cometido delitos de acción privada sancionados con multa, inhabilitación o con pena mínima privativa de libertad inferior a tres años.
Además, no recibirán sanciones penales quienes tenga 16 o 17 años cuando cometieron delitos de acción privada sancionados con multa, inhabilitación o con pena mínima privativa de la libertad inferior a dos años.
Por su parte, el Régimen establece que toda persona menor de 18 años tiene derecho a que se respete su vida privada y la de su grupo familiar.
El proyecto también remarca que la privación de la libertad de las personas menores de 18 años infractoras a la ley penal es “la excepción y el último recurso”.
Establece que “se privilegiará la permanencia de la persona menor de dieciocho años dentro de su grupo familiar” y que “en caso de no existir este, deberá darse intervención a los órganos administrativos de protección de derechos del niño, niña y adolescente”.
Es por ello que el juez podrá aplicar como sanciones una escala que, de modo in crescendo, tiene las siguientes: disculpas personales ante la víctima; reparar el daño causado; prestación de servicios a la comunidad; órdenes de supervisión y orientación; inhabilitación; privación de libertad durante el fin de semana o tiempo libre; privación de libertad en domicilio; o privación de libertad en centro especializado.
La responsabilidad penal alcanza a los jóvenes de 14 ó 15 años de edad que cometan un delito con pena mínima de 3 años de prisión o reclusión; y a los jóvenes de 16 ó 17 años de edad que participe en la comisión de un delito con pena mínima de 2 años o más de prisión o reclusión.
Además, remarca que “los centros especializados para el cumplimiento de la pena privativa de libertad deben contar con un grupo interdisciplinario de profesionales especializados, adecuadas medidas de seguridad y espacios acondicionados que permitan la recepción de visitas”.
“La dirección de estos centros será desempeñada por personal especializado y capacitado. En ningún caso podrá estar a cargo de personal policial, penitenciario o de las fuerzas de seguridad”, indica el proyecto.
