La Cámara alta aprobó una de las últimas leyes clave que le restaban, prorrogando por dos años más una condición que se extiende desde 2002. El oficialismo logró los votos con sus aliados.
Gracias a los votos propios y de sus aliados, el oficialismo logró en la Cámara alta convertir en ley la prórroga de la Emergencia Económica, una norma que se extenderá hasta el 31 de diciembre de 2011.
La aprobación se logró por 35 votos a favor y 28 en contra.
Entre esos aliados citados vale destacar el acompañamiento de la senadora radical correntina María Dora Sánchez, de "destacada" participación en la Ley de Medios por el cambio de su voto, de negativo a positivo. En este caso, llamó la atención porque siempre Sánchez votó en contra, pero en esta oportunidad dijo hacerlo "sin remordimiento de conciencia", y destacando que antes lo había hecho en forma contraria porque "no estaban dadas las condiciones en nuestro país y a nivel internacional, pero ahora las condiciones macro son distintas".
Encargado de defender el proyecto fue, por supuesto, el titular de la Comisión de Presupuesto y Hacienda, Fabián Ríos, quien esta vez se fundamentó en la continuidad de la emergencia sanitaria ante eventuales pandemias de dengue y Gripe A, como así también el final de la renegociación de los contratos privatizados en los años 90.
A su vez, el senador Eric Calcagno reflexionó sobre el rol de la economía y la política diciendo: “me parece que no hay economía sin política, ni política sin economía, de modo implícito o explícito”. Posteriormente, añadió: “estamos frente a un trilema, Por un lado, hay una demanda social; por otro, la solvencia económica y por fin, la acción política. Tenemos que ubicar estas tres cuestiones en un mismo esquema: atender a las demandas sociales, sin perder la solvencia económica, lo que conforma estilos de la acción pública.(...) La ley de emergencia económica se tiene que ver como un modo de regulación capaz de contribuir a la reconstrucción del Estado Nación en Argentina”.
Desde la vereda de enfrente, el socialista Rubén Giustiniani sostuvo que esta prórroga significa "una nueva muestra del manejo discrecional que hace este Gobierno, que perdió la posibilidad de terminar su gestión de manera distinta".
El presidente del bloque radical, Ernesto Sanz, dijo a su vez que se trataba de una norma inconstitucional, por cuanto "se han superado las razones fácticas desde el 2005".
Por su parte Sonia Escudero criticó duramente la amplia emergencia planteada en la norma y sólo justificó la necesidad de prorrogar la facultad para que el Poder Ejecutivo pueda concluir la renegociación de los contratos. “Esta decisión va a colocar al país en el mapa rojo del mundo”, dijo parafraseando al jefe del bloque oficialista, quien en la sesión del 15 de abril pasado impidió el tratamiento de un proyecto que declaraba la emergencia sanitaria ante el brote de dengue desatado por aquellos días. “¿Qué se cree que estamos haciendo con esta norma?”, preguntó la legisladora.
Sobre el daño que algunas decisiones le provocan a la economía argentina, Escudero puso de ejemplo los guarismos sobre la fuga de capitales. En base a datos del Banco Central, 23.000 millones de dólares se fueron en los primeros meses de 2008, una cifra casi idéntica a la de la crisis de 2001-02. Pero no fue la crisis la que indujo la fuga de capitales, sino nuestras propias acciones. Coincidió con la crisis del conflicto con el campo”.
La norma faculta al PEN, entre otras cosas, a fijar tarifas, renegociar contratos de servicios públicos, regular precios y reordenar el sistema financiero.
La prórroga de la Emergencia facultará a la Presidenta de la Nación a seguir fijando tarifas, renegociando los contratos de los servicios públicos privatizados, regulando precios de la canasta básica, y reordenando el sistema financiero.
En los fundamentos del proyecto, el Ejecutivo señaló que "pese a la positiva recuperación económica y social experimentada hasta el presente, el escenario mundial se transformó sustancialmente".