El control de la Comisión Bicameral Permanente de Seguimiento de Tratamiento Legislativo será clave para frenar los eventuales vetos de la presidenta Cristina Fernández de Kirchner.
Por Julio El Alí
La Constitución nacional otorga la facultad al Poder Legislativo para sancionar las leyes que reglamenten el marco normativo del país respetando los tratados internacionales. Sin embargo, el Congreso nacional conformado por representantes del pueblo y las provincias no tiene plena potestad de sancionar definitivamente una norma porque es el Poder Ejecutivo el que está facultado para poner la firma final a una ley. Aunque el Parlamento sancione una norma, el Presidente puede vetarla o promulgarla parcialmente, ya que esta facultado por la Carta Magna
La potestad de veto que posee el presidente argentino es una de las características más significativas que define el “fuerte” rol del Poder Ejecutivo en el sistema presidencialista. Por lo tanto, el Presidente puede gobernar mediante decretos de necesitad y urgencia y vetar leyes sancionadas por un Congreso nacional adverso, sin violar ninguna ley.
Ante esta posibilidad, la oposición teme que la Casa Rosada le de la espalda al Parlamento después del recambio legislativo del 10 de diciembre, ya que ambas cámaras serán más hostiles a los requerimientos del Gobierno.
En un análisis, realizado por Parlamentario, sobre la utilización del veto se destaca que la presidenta Cristina Fernández de Kirchner promulgó parcialmente 16 leyes, o sea que rechazó algunos artículos, y vetó completamente una sola norma sancionada por el Congreso nacional.
Específicamente, el único veto total que dictó la mandataria nacional fue la Ley de Glaciares, la cual había sido sancionada en forma unánime en ambas cámaras. El detalle principal es que en estos casi dos años de mandato Cristina Kirchner tuvo mayoría en el Congreso. Aunque se redujo luego del conflicto del campo, el oficialismo junto a legisladores aliados logró sancionar importantes leyes para el Gobierno e, igualmente, vetó leyes.
Entonces, este antecedente del accionar del Ejecutivo justifica la preocupación en la oposición. Al respecto, el jefe del bloque del Frente para la Victoria, Agustín Rossi, sostuvo que “el veto significa que ningún Gobierno está obligado a gobernar con leyes que no comparte. El Gobierno ejercerá su poder de veto si la oposición pretende imponerle leyes al Poder Ejecutivo después del 10 de diciembre”. “El instituto del veto no lo hemos inventado nosotros, está en la Constitución”, manifestó Rossi.
La veta legal que aluden todos los gobiernos son los artículos 99, inciso 3; 76; 80 y 100, incisos 12 y 13 de la Constitución nacional, la cual brinda el marco jurídico para que el Ejecutivo vete las leyes que sanciona el Congreso.
Sin embargo, la postura de Rossi y el fundamento de la Casa Rosada generaron la fuerte reacción del diputado de Unión PRO Francisco De Narváez, quien sostuvo que “la Presidenta de la Nación deberá asumir el costo político de vetar leyes aprobadas por los representantes del pueblo y de las provincias”. El líder de Unión PRO sostuvo que “el veto es una atribución presidencial pero no se puede utilizar caprichosamente” y advirtió que “si Cristina Kirchner abusa de los vetos será una muestra más de que el kirchnerismo le falta el respeto a la voluntad popular, expresada en las urnas el 28 de junio último”. Por su parte, el radicalismo salió a quejarse por la postura del oficialismo y apuntó directamente contra el ex presidente Néstor Kirchner: “Agustín Rossi lo único que hizo fue hablar por Néstor Kirchner”, aseguró el diputado nacional Miguel Ángel Giuberbia. “Lamentablemente, los dichos del diputado Rossi, que sólo funciona como el mensajero de Néstor y Cristina, sólo confirman la poca vocación democrática del oficialismo y la firme voluntad de los K de ponerle un candado a las puertas del Poder Legislativo tras la derrota del 28 de junio pasado”, disparó.
En ese marco, dijo que no tiene dudas “sobre que el Gobierno nacional va a utilizar el veto como herramienta, con el único fin de cerrar el Congreso”, sentenció el legislador jujeño. El integrante del bloque de la UCR denunció que “va a ser la primera vez que el kirchnerismo se va a amparar en la Constitución nacional para justificar sus actos”. “Nunca respetaron la Carta Magna, y ahora que la necesitan se van a respaldar en ella, después de haberla violado permanentemente”, añadió Giubergia.
Freno a la vetocracia
Ante la polémica generada sobre el eventual uso del veto por parte de la Presidenta para ignorar las sanciones del Congreso, la luz de esperanza que tiene la oposición es intentar tener mayoría en la Comisión Bicameral Permanente de Seguimiento del Trámite Legislativo, ya que su integración refleja la composición de ambas cámaras.
Cabe recordar que la Ley Nº 26.122, la cual establece regular el trámite y los alcances de la intervención del Congreso respecto de los decretos que dicta el Poder Ejecutivo, ya sea de necesidad y urgencia; por delegación legislativa y de promulgación parcial de leyes. Asimismo, el artículo 2º de esta ley fija que la Comisión Bicameral Permanente prevista en los artículos 99, inciso 3, y 100, incisos 12 y 13 de la Constitución nacional tiene competencia para pronunciarse sobre los decretos.
Por eso mismo, en el propio Congreso, luego de ser vetada por la Presidenta, el oficialismo que antes había respaldo la iniciativa se encargó de fundamentar la decisión que era contraria al anterior espíritu legislativo. Un claro y fresco recuerdo de eso es la citada ley de Glaciares. Pero además del número mayoritario en la comisión, la herramienta reglamentaria que tiene a favor el oficialismo es –siempre y cuando se asuma que es mayoría- que la Bicameral cuenta con diez días hábiles para reunirse y dictaminar sobre la medida. Si eso no ocurriese, el decreto pasaría directamente a los recintos de Diputados y de Senadores. No obstante, si alguna de una de las cámaras no se hubiese expedido, el decreto quedaría permanente con sanción ficta, lo que sucede habitualmente.
Salvo que en el caso de que los legisladores decidieran mantener el proyecto tal cual fue votado, deberían reunir los votos de los dos tercios de los presentes para insistir con la sanción original. Esto ocurrió con la Ley de Glaciares, pero aquellos que habían defendido a viva voz la norma, luego votaron en contra.
En conclusión, la oposición deberá planificar una estrategia para ser mayoría en la Comisión Bicameral y rechazar los vetos de Cristina e insistir con las leyes sancionadas por un Congreso adverso al kirchnerismo.
