El vicepresidente avanza con la propuesta de Federalismo Fiscal Equitativo. En febrero se realizarán seminarios para enriquecer el proyecto que elabora.
Julio Cobos analizó con los senadores radicales Laura Montero y Ramón Mestre el proyecto que apunta a redistribuir más recursos entre las provincias. Esta propuesta integral de reestructuración fiscal, denominada “Por un Federalismo Fiscal más equitativo”, será enriquecida en seminarios que se efectuarán desde febrero del año próximo.
Durante la reunión realizada en el Senado, de la que participaron los asesores del vicepresidente Enrique Vaquié y Tadeo García Zalazar, se analizó el primer proyecto de esta propuesta legal integral. El mismo comienza con el tratamiento de los temas más urgentes y reclamados por las provincias, entre los que se encuentran dos puntos fundamentales: uno, entregarle a las provincias más dinero de manera automática y el otro, la reestructuración de parte de las deudas que tienen las provincias.
Los legisladores indicaron que según el último dato de la Consultora Economía y Regiones, del 30 de junio de este año, la deuda de las provincias con el gobierno nacional suma algo más de 57 mil millones de pesos. En tal sentido el proyecto, considera la reestructuración de estas deudas provenientes: del Canje de 2002, instrumentada en Bogar 18; las generadas con el canje de las cuasimonedas y las surgidas a partir del Programa de Asistencia Financiera (PAF). Esto requiere una reestructuración sin que el gobierno Nacional ponga más dinero del que hoy pone para el PAF.
Durante el encuentro, el senador Mestre volvió a manifestar su preocupación por la falta de acción concreta del Gobierno nacional en remitir los fondos que le corresponden a la provincia de Córdoba y tener en ascuas a los habitantes de la provincia.
Al referirse a la provincia mediterránea, Mestre advirtió que el gobierno provincial antes de emitir bonos debe realizar todos los esfuerzos necesarios para que la Nación gobernada por un partido político del mismo signo (Partido Justicialista) cumpla en tiempo y forma con las obligaciones asumidas anteriormente.
El segundo punto sobre el que se legislará en este primer proyecto hace referencia a la Coparticipación total del Impuesto a los créditos y a los débitos bancarios, llamado usualmente impuesto al cheque. “Hoy el gobierno nacional se queda con el 70% de ese dinero y se coparticipa el 30%, lo cual termina haciendo que la Nación tenga algo más del 85% y las provincias algo menos que el 15%. La idea es que se coparticipe todo, con lo cual las provincias compartirán casi en partes iguales con el gobierno nacional la recaudación de este tributo”, detalló Montero.
Por otra parte con esta ley, se intentará solucionar dos temas muy conflictivos (pero de montos no significativos) que son la distribución del impuesto interno sobre seguros y la sobretasa de cigarrillos. En este caso se coparticiparía la totalidad de lo recaudado por estos impuestos.
Otra reforma de esta propuesta está focalizada en el financiamiento de la AFIP, que actualmente se sustenta con la recaudación del IVA. La novedad es la constitución del fondo de financiamiento de la AFIP con la recaudación de todos los impuestos de manera proporcional, para ser más equitativo, tanto con la Nación como con las provincias. De alguna manera, hoy día las provincias están sobrepagando a la AFIP; la cuál representa hoy “una cuarta provincia en coparticipación”, aseguró Vaquié.
En el proyecto que se trabaja, hay una referencia a la reglamentación de la distribución plena de los ATN no distribuidos por la Nación, que aproximadamente alcanzan 9 mil millones de pesos, en los últimos años.
Estas medidas beneficiarán a dos grupos, uno comprende a aquellas provincias que tienen deudas con el gobierno Nacional (Bogar 18, BODEN, PAF); de manera tal que el dinero recaudado se utiliza para cancelar parte de esa deuda (esto incluye a la mayor parte de las provincias). El otro grupo, de no más de siete provincias, cobran el dinero en un plazo determinado.
Asimismo, se propone que lo recaudado se distribuya a través de la generación del Régimen Federal de Mejora de la Provisión de Bienes Públicos. En este caso los Consejos Federales sectoriales: de Salud, de Educación, de Seguridad, entre otros, generarán parámetros de calidad en los servicios de manera tal de, en principio realizar una convergencia y luego intentar lograr unificación en la calidad de estos bienes. Los Consejos coordinarán la implementación de tal sistema.
El monto al cual refiere el proyecto asciende a 19.700 millones de pesos aproximadamente. El vicepresidente Cobos manifestó: “Buscamos brindar ideas para ir hacia un país federal de verdad. Hemos generado esta propuesta integral que será debatida y enriquecida en distintos seminarios por realizarse”. Indicó el vicepresidente que este tipo de propuestas sólo es factible “mediante un acuerdo de coordinación fiscal entre los Gobernadores y el Congreso”.
Financiamiento para infraestructura
Esta propuesta integral de reestructuración fiscal también considera una segunda ley (que será analizada luego de el primer proyecto, el que requiere tratamiento más urgente) de mayor federalismo referido a todas las obras de infraestructura, que históricamente estuvieron en manos de las provincias. Para ello se trabajará sobre una reestructuración total de todos los impuestos a los combustibles. El resultado de esta nueva conformación estará destinado a infraestructura social básica y a lograr una mejora en los servicios públicos tales como viviendas y caminos, entre otros.
Recordemos que el primer proyecto de esa propuesta integral y analizado hoy tiene su experiencia pasada en el año 2006, cuando el entonces gobernador Cobos ofreció a los municipios una suma de 47 millones de pesos, es decir, 17 millones más que los que hasta ese entonces distribuía a las comunas. El llamado “Fondo de Infraestructura Municipal”, se conformó calculando los montos presupuestados para cada año en relación la coparticipación municipal y nacional, las regalías petroleras, la recaudación sobre los ingresos brutos y la recaudación del impuesto inmobiliario. El Ministerio de Hacienda distribuyó en forma mensual y automática esos fondos a los municipios pero a cambio se exigió que las partidas fueran utilizadas para obra pública, bienes de capital o insumos destinados al mantenimiento de las obras.