Ante la convicción de que el jefe de Gabinete, Aníbal Fernández, obstruyó la acción de un juez, nada menos, y mientras desde la propia Corte Suprema se escuchan voces críticas contra el funcionario precisamente por ese episodio, desde el radicalismo se pidió la interpelación en la Cámara de Diputados.

Autor del proyecto es el diputado jujeño Miguel Angel Giubergia, quien sostiene que “el jefe de Gabinete se arrogó funciones judiciales que tiene prohibidas por la Constitución.

La medida reclama la interpelación de Aníbal Fernández, en mérito de una moción de censura. ¿De qué se trata esta medida? Es una medida comprendida en el artículo 101 de la Constitución nacional, que expresa textualmente: “El jefe de Gabinete de Ministros debe concurrir al Congreso al menos una vez por mes, alternativamente a cada una de sus cámaras, para informar de la marcha del gobierno, sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 71. Puede ser interpelado a los efectos del tratamiento de una moción de censura, por el voto de la mayoría absoluta de la totalidad de los miembros de cualquiera de las cámaras, y ser removido por el voto de la mayoría absoluta de los miembros de cada una de las cámaras”.

El proyecto de resolución de Giubergia señala que “Fernández nunca debió apartarse de sus funciones para desacatar la orden de allanamiento del juez José Sudera en la Asociación Argentina de Aeronavegantes”.

Asimismo expresa que “no nos conforma la explicación del ministro que dijo no cumplió la orden judicial porque era inconstitucional”. El diputado radical expresó que “este accionar viola el espíritu y el texto de nuestra Constitución Nacional, que le prohíbe al Presidente atribuirse funciones judiciales, ya que la propia carta magna establece la división de poderes en nuestra República”.

La iniciativa de Giubergia lleva también las firmas de Sandra Rioboó, María Luisa Storani y Juan Pedro Tunessi (Buenos Aires); Carlos Ulrich (Chaco); Heriberto Martínez Oddone (Córdoba); Gustavo Cusinato (Entre Ríos); Mario Fiad (Jujuy) y Eduardo Costa (Santa Cruz), y concluye advirtiendo que “ni el presidente ni ningún funcionario del Poder Ejecutivo tienen la facultad de interpretar la Constitución, ya que eso le compete exclusivamente al Poder Judicial" explicó el diputado nacional y concluyó "Fernández aseguró que si tiene que explicar esta situación a un juez o a cualquiera no tiene ningún problema, por ello, no creo que tenga inconvenientes en aclarar esta grave intromisión ante la Cámara de Diputados”.

Cabe consignar que Aníbal Fernández admitió que no cumplió con una orden judicial porque la consideró "inconstitucional", en el marco de un conflicto del gremio de Aeronavegantes.