Un pedido de informes presentado por el diputado bonaerense Juan Carlos Juárez junto al bloque de diputados provinciales GEN/PS, solicitó la “urgente” presencia en la cámara baja del ministro de Seguridad de la Provincia, Carlos Stornelli, con el fin de explicar el “diagnóstico sobre la causa que generan el estado de inseguridad pública”.

Asimismo, en el proyecto se consulta el marco conceptual en el que se inscribe la política de seguridad pública de la provincia; por qué motivos no se volvió a convocar al Consejo de Seguridad; programas de formación, entrenamiento y equipamiento tecnológico de la fuerza policial implementados; y cuáles son las pruebas o indicios en los que se basa la afirmación de que serian ex policías los autores intelectuales de la ola de delitos desatadas en los últimos meses.

De la misma manera, el ministerio de Seguridad deberá informar sobre interrogantes en el caso de la familia Pomar, como la cantidad de rastrillajes terrestres y aéreos que se realizaron, qué zona abarcaron y cuántos efectivos participaron; cuántas llamadas al 911 se registraron denunciando haber visto el auto de los Pomar volcado; y si las declaraciones del comisario Juan Carlos Ruiz en las que se adjudicaba haber encontrado a la familia Pomar se produjeron con autorización de sus superiores.

“Las reformas a la que se ha sometido a las fuerzas policiales, los cambios en el Código de Procedimiento Penal y la modificación del Código de Contravenciones, son la cabal manifestación de una incapacidad absoluta para fijar una política de Estado en un tema tan sensible para el conjunto de la sociedad”, sostuvo Juan Carlos Juárez al respecto.

Asimismo, el diputado de la primera sección electoral advirtió que “la actual administración manifiesta una clara inclinación hacia las políticas represivas, cuya máxima manifestación es el intento de dar mayor poder a la fuerza policial mediante el Código Contravencional”.

“Hacer frente a este grave problema social sancionando un Código Contravencional, que abre la puerta a la discrecionalidad del accionar policial, no sólo que no resolverá el problema sino que generara más marginación, resentimiento y consecuentemente mayor inseguridad. Es necesario generar políticas de inclusión social”, afirmó el legislador.

Y agregó: “como si fueran pocos los acontecimientos que a diario se suceden poniendo de manifiesto los serios problemas que el gobierno tiene para desarrollar políticas públicas que reduzcan los actos delictivos, en estos días la opinión pública se ha visto conmovida por la desaparición de la familia Pomar”.

“De los 24 días en los que no se supo del paradero de la familia –prosiguió Juan Carlos Juárez- las declaraciones del ministro de Seguridad, del subsecretario de Investigaciones e Inteligencia Criminal, de la fiscal interviniente en la causa y la de los funcionarios policiales, no hicieron más que mostrar la desorientación, ineptitud e inoperancia con la que se manejo este caso, pero que resulta una lamentable demostración de la falta de capacidad para conducir las políticas públicas de la provincia”.

Según Juárez, en el caso Pomar “se sospecha de todo y de todos, y razones no faltan, son tantas las contradicciones, tantas las mentiras, que ha generado perdida de credibilidad y esto tiene efectos demoledores para las instituciones y las personas encargadas de conducirlas”.

“Se impone que el ministro de Seguridad deje de pelearse con sus antecesores en el cargo, de contradecirse públicamente y se presente a la cámara baja con la finalidad de dar explicaciones a los representantes del pueblo de la provincia sobre todos los aspectos relacionados a la política de seguridad pública que viene implementando”, concluyó el diputado bonaerense.