El juez en lo Civil y Comercial Eduardo Carbone ordenó la suspensión de la aplicación de los artículos 41 y 161 de la ley de servicios de comunicación audiovisual.

Según el magistrado, esos artículos "conducen a un menoscabo de los derechos constitucionales de propiedad y de industria lícita" establecidos en los artículos 14 y 17 de la Carta Magna.