Un grupo de senadores nacionales de distintos partidos políticos solicitaron a la Corte Suprema de Justicia ser “amigos del tribunal” por los fondos de la coparticipación federal de impuestos.
Treinta y cinco senadores nacionales de la oposición, que representan a 21 provincias, entregaron un escrito ante el presidente de la Corte Suprema de Justicia, Ricardo Lorenzetti -quien estuvo acompañado de los jueces Elena Highton de Nolasco y Juan Carlos Maqueda-, por el cual solicitan que quede de manifiesto “que poseen un interés público relevante e inequívoca trascendencia institucional, para aquellas causas en que se ventilen cuestiones vinculadas al Régimen de Coparticipación Federal de Impuestos, y todas aquellas relacionadas con la distribución de recursos entre el Estado nacional y los Estados provinciales”.
El jefe de los senadores radicales, Gerardo Morales, como vocero del grupo de legisladores que participó de la reunión, aseguró que “fue un encuentro de alto contenido institucional”.
“Venimos a pedir ser oídos en las causas por la distribución federal de los recursos”, resaltó el legislador jujeño y agregó que “si la Corte nos habilita a ser amigos del tribunal, no sólo nosotros los senadores podremos aportar elementos e información, sino también lo harán las instituciones, los docentes y empleados públicos de las provincias”.
“En 2003 sólo dos distritos estaban en déficit, ahora son 22 en esa situación; esto es terrible”, ejemplificó Morales y sentenció que “el gobierno nacional está presionando a gobernadores para que sean sus delegados. Muchas provincias no van a poder empezar las clases en marzo porque el oficialismo pretende quedarse con todo”.
“No se puede soportar más que los gobernadores sean rehenes del kirchnerismo, por ello vamos a luchar por las autonomías provinciales”, finalizó el presidente del bloque de senadores radicales.
Junto al titular de la UCR, Ernesto Sanz, y Morales, firmaron la petición los radicales Eugenio Artaza (Corrientes); José Cano (Tucumán); Mario Cimadevilla (Chubut); Juan Carlos Marino (La Pampa); Alfredo Martínez (Santa Cruz); Ramón Mestre (Córdoba); Laura Montero (Mendoza); Luís Naidenoff (Formosa); Roy Nikisch (Chaco); Emilio Rached (Santiago del Estero); Arturo Vera y (Entre Ríos); Pablo Verani (Río Negro). Los catamarqueños del FCyS, Oscar Castillo y Blanca Monllau; el correntino José Roldan, del Frente de Todos; y la rionegrina María José Bongiorno también acompañan el escrito.
La bonaerense Hilda “Chiche” Duhalde; los salteños justicialistas Sonia Escudero y Juan Carlos Romero y el renovador Juan Pérez Alsina; Roberto Basualdo (San Juan); Graciela Di Perna (Chubut); Adolfo Rodríguez Saa y Liliana Negre de Alonso (San Luís); y Carlos Menem (La Rioja), junto a los santafecinos Roxana Latorre y Carlos Reutemann, suscriben la solicitud. Lo mismo que el socialista santafecino Rubén Giustiniani, la correntina Josefina Meabe (PL), los cordobeses Luís Juez y Norma Morandini y los porteños María Eugenia Estenssoro (CC) y Samuel Cabanchik (FBAF).
La vigencia y aplicación de la ley de Coparticipación Federal de impuestos; la distribución del impuesto a los débitos y créditos bancarios (al cheque); los Aportes del Tesoro Nacional (ATN); Financiamiento a la Administración Nacional de Seguridad Social (ANSeS); las retracciones sobre los impuestos al Valor Agregado, a las Ganancias, Bienes Personales y otros gravámenes; el Fondo de Autarquía por Financiamiento de la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP); la aplicación de las sucesivas prórrogas de Leyes de Emergencia Pública o los derechos de exportación, son los principales temas que las provincias reclaman ante la Corte Suprema en función del artículo 116 de la Constitución Nacional.
Con el objeto de permitir “la intervención en dichos pleitos de terceros ajenos a las partes, que cuenten con una competencia reconocida sobre el tema en discusión, que ilustren al Tribunal sobre algún aspecto del debate o aporten información o argumentos relevantes”, tal como lo describen los senadores. Incluso, los firmantes entienden que “como senadores nacionales, nos encontramos legitimados para actuar como amigos del tribunal, habida cuenta del elevado rol institucional que la Constitución Nacional nos concede en la defensa y salvaguarda de los derechos e intereses de aquellas provincias, a las que con el voto de su pueblo representamos”.
“Todas las discusiones acerca de la validez constitucional de las reglas o medidas atinentes a la distribución de recursos fiscales entre la Nación y las Provincias, tienen hoy el máximo interés institucional, pues se encuentra en juego la subsistencia económica de los estados provinciales y con ella, de todo el régimen federal argentino”, fundamentan los opositores quienes pretenden, además, ejercer el derecho a expresarse y “contribuir al fortalecimiento del sistema democrático, coadyuvando a la mejor solución de los casos” que se encuentran bajo conocimiento de la Corte. “Consideramos que el logro del alto propósito institucional buscado con este provechoso instrumento, el amigo del Tribunal, habilita la vía a una auténtica instancia de participación ciudadana”, subrayan en la presentación.
Además, los dos senadores pampeanos Carlos Verna y María de los Angeles Higonet presentaron un escrito por su cuenta, adhiriendo en el fondo de la cuestión con el resto de sus colegas comprovincianos.
