Los nuevos agro-diputados fijarán la agenda de la Comisión de Agricultura. El primer objetivo de la oposición es limitar las atribuciones de la ONCCA. El oficialismo advierte sobre posibles “lobbys”.
Por Julio El Alí
Nuevos aires surcan en la Cámara de Diputados. Las entidades agropecuarias comienzan a fijar su impronta y a diseñar su propia agenda de prioridades en la Comisión de Agricultura. Aquella dependencia presidida por el ex diputado kirchnerista Alberto Cantero Gutiérrez pasó a manos del flamante diputado radical y secretario de Confederaciones Rurales Argentinas (CRA), Ricardo Buryaile. Sin dudas, el cambio de mando marcará un giro rotundo en la actividad parlamentaria con respecto al agro.
La nueva Comisión de Agricultura será integrada por una mayoría opositora vinculada a las entidades agropecuarias. por lo que será la caja de resonancia de los reclamos de los productores, quienes alzaron su voz a partir de la resolución 125. Aunque, a pesar de ser minoría, los diputados oficialistas intentarán continuar con la política agropecuaria del Gobierno. Dicha misión será imposible porque, además de Buryaile, juraron diez diputados nacionales vinculados con la actividad agropecuaria por lo que desde el 10 de diciembre “el bloque agrario” posee trece miembros.
Con este panorama victorioso políticamente, la Comisión se transformará en una dependencia netamente opositora que arremeterá contra varios puntos neurálgicos para el kirchnerismo.
La agenda de las entidades
La presidencia de la Comisión de Agricultura con el aval del resto de los diputados agrarios fijará una agenda de trabajo entre los cuales se encuentra la Oficina Nacional de Control de Comercio Agropecuario (ONCCA). En una entrevista con Parlamentario, Buryaile aseguró que “el primer problema que deberá resolver la Comisión de Agricultura será la ONCAA” porque su funcionamiento “restringe las exportaciones lo que distorsiona el mercado y perjudica a los productores agropecuarios más que las retenciones”.
El dirigente de CRA sostuvo que impulsará la creación de una comisión investigadora específica, que “pondrá bajo la lupa, no sólo las millonarias compensaciones, sino también los permisos de exportación otorgados por esa oficina”. La creación de una comisión investigadora se justifica, según Buryaile, porque “hay muchas denuncias, de público conocimiento, sobre las irregularidades en la distribución de subsidios por parte de la ONCCA, que maneja en total un presupuesto de 3.700 millones de pesos. El tenor de esas denuncias amerita que el Congreso se ocupe especialmente del tema. Estaríamos equivocando el camino si no lo hacemos. Hay que mostrar que el Parlamento está para controlar los actos de Gobierno”.
En este sentido, el ex vicepresidente de la Comisión y actual secretario, Christian Gribaudo (PRO), quien coordinó una pesquisa que inició la Mesa de Consenso Agropecuario –una especia de comisión paralela-, aseguró a este medio que el objetivo es “profundizar la investigación desde el Parlamento mientras la Justicia dictamina sobre la presentación de una denuncia penal que realizamos ante el juzgado de Daniel Rafecas”. Asimismo, Buryaile manifestó: “Lo que tenemos que hacer es un relevamiento integral de cómo se han pagado las compensaciones y cómo son los mecanismos para la obtención de los ROE (permisos de exportación de carne, granos y lácteos). Ese también podría ser un foco de corrupción, porque la ONCCA otorga permisos a unos sí y a otros no”.
Además de la investigación, tanto el diputado radical como el macrista destacan “la imperiosa necesidad” de debatir un proyecto de ley para limitar el poder de ese organismo. Desde abril de 2008, con el desembarco allí del actual titular de la AFIP, Ricardo Echegaray, la ONCCA no sólo distribuye más de tres mil millones anuales en subsidios sino que regula exportaciones por más de U$S 20 mil millones. Por eso, “para impedir la discrecionalidad, hay que devolver a la ONCCA las facultades que tenía originalmente”, afirmó el legislador formoseño.
Otro de los objetivos, según el diputado y secretario de la Federación Agraria Ulises Forte (UCR), será debatir leyes específicas para sectores que “la están pasando mal porque en Argentina ha caído la producción y el Gobierno no se dio por enterado”. “El sector de la lechería, ganadería, trigo y maíz necesitan soluciones urgentes y efectivas”, agregó.
Sobre las retenciones a las exportaciones de productos agropecuarios, el dirigente de CRA adelantó que la intención del radicalismo es que “el Congreso sea quien posee la facultad de fijar la alícuota” a las exportaciones, por lo cual se debería derogar o reformar el Código Aduanero. A pesar del grave conflicto que desató la resolución 125 y la discusión por las retenciones, el principal punto neurálgico que intentarán modificar será la ONCCA.
En conclusión, la Comisión de Agricultura de la Cámara baja se transformará en una dependencia que lleve la voz cantante de los sectores políticos opositores vinculados al campo con miras a las elecciones presidenciales de 2011. Se viene el fin de los límites a las exportaciones y el control comercial. ¿Se acerca el final de los Kirchner?
