La diputada nacional Lidia “Pinky” Satragno sostuvo que el jefe de Gabinete, Aníbal Fernández, no cometió “un error” al desconocer el fallo del juez federal José Sudera con respecto al conflicto en el sindicato de Aeronavegantes, sino que, en cambio, afirmó que “esta es una política sistemática, de desobediencia al Poder Judicial, que Fernández inició hace varios años”.

Entre sus declaraciones, Pinky consideró que el ministro sostiene una “tesis peculiar”, según la cual “la Justicia está para dirimir conflictos entre particulares, pero no puede ubicarse por encima del Poder Ejecutivo en asuntos políticos”; un criterio que, para ella “es la negación del régimen republicano de gobierno”.

Cuando la Cámara Nacional de Trabajo determinó que las elecciones en el sindicato de Aeronavegantes fueron ganadas por la Lista Celeste, y la jueza Beatriz Ferdman dispuso una medida cautelar a favor de la lista ganadora, Fernández dio la orden de no acatar a la justicia. Con respecto a esto, Pinky denunció que “ahora el ministro pretende determinar si las sentencias son constitucionales o no”.

El ministro justificó su decisión alegando que "el límite de la obediencia, en términos de decisiones judiciales, es la Constitución”, con esto, según la diputada Satragno, “se constituyó en Tribunal de Casación, y empezó a decidir cuándo una sentencia es constitucional y cuándo no”.

A modo ilustrativo, la diputada rememoró los antecedentes del Jefe de Gabinete y, en primer lugar recordó que “fue un intendente prófugo”, en referencia a que, durante su mandato en Quilmes, en 1991, Fernández estuvo prófugo de la Justicia cuando el Juez en lo Correccional y Criminal Ariel González Elicçabe ordenó su captura por un acuerdo dudoso con Aguas Argentinas.

En esa oportunidad, Fernández no se presentó a la justicia hasta que le fue aceptado un recurso de hábeas corpus y pudo lograr ser sobreseído por presunta falta de mérito en un fallo que provocó muchas críticas.

Con la misma finalidad, Pinky también recordó que “como Ministro de Justicia, (Fernández) ordenó no acatar una orden judicial”, en esa oportunidad, en el año 2006, dio la orden a Gendarmería de que no acataran las órdenes del juez federal de Concepción del Urugual Guillermo Quadrini quien había dispuesto liberar el puente internacional que se encontraba (y se encuentra) bloqueado por asambleístas que luchan contra la empresa Botnia.

“Insólitamente, Fernández alegó que la justicia no estaba autorizada a dar órdenes a la Gendarmería porque el único que podía dar instrucciones a las Fuerzas armadas o de seguridad era él mismo” contó la diputada y confió que, a su juicio, el hecho de que continúe el corte “no tiene antecedentes en el derecho internacional, no se entiende en el marco del Mercosur, e ignora los gestos de buena voluntad que hemos hecho todos quienes queremos una solución pacífica y racional del conflicto argentino-uruguayo.

Sin embargo, según opinó la diputada del PRO, “Fernández sólo obedece a la Justicia cuando le viene bien al Gobierno” y recordó que cuando en 2008 estaban las rutas cortadas por los productores agrarios, el Jefe de Gabinetes hizo cumplir la orden del juez Quadri de desbloquear las rutas y también dispuso la detención del líder de la Federación Agraria de Entre Ríos, Alfredo De Angeli.

“Se equivocan quienes creen que los actos de Fernández son resultado de algún exabrupto”, sostuvo Pinky y agregó: “Son resultado de una manera de ver la vida, la política y el derecho. Fernández ve al Estado como una pirámide, cuya cúpula es el Poder Ejecutivo. Es una concepción totalitaria y peligrosa”.