La diputada nacional de la Coalición Cívica Marcela Rodríguez presentó un proyecto de resolución por el que se declara la invalidez del Decreto del PEN No 2004, que promulgó parcialmente la Ley 26.571 -conocida como ley de reforma política- vetando los artículos 107 y 108 del Proyecto aprobado. Ambos artículos diferían hasta el 31 de diciembre del 2011 el cumplimiento de las nuevas exigencias que los partidos políticos tienen para obtener su personería jurídico-política, lo que les permitía participar en las próximas elecciones presidenciales.

“Obturado este diferimiento –razona Rodríguez en su proyecto-, caducarán inmediatamente las personerías jurídicas de todos los partidos políticos que no cumplan con los requisitos establecidos por la norma, sin los plazos de adaptación que establecía la sanción del Congreso”. Estos plazos, según la legisladora “son alterados por la promulgación parcial, en violación a los requisitos constitucionales que exigen que no se altere ni la unidad ni el espíritu del legislador”.

Rodríguez recuerda que siendo el Poder Legislativo el encargado de sancionar las leyes, “cuando el proyecto constituye un todo inescindible, de modo que las normas no promulgadas no puedan separarse del texto legal sin detrimento de la unidad de éste, el Poder Ejecutivo no puede promulgar parcialmente el proyecto de ley sin invadir atribuciones propias del Congreso Nacional y sin asumir la calidad de legislador”.

Para la diputada, en esta promulgación parcial “el Poder Ejecutivo desarrolla una actividad puramente legislativa y especialmente en este caso lo hace en una materia expresamente vedada, por ser una zona de reserva expresa de las facultades del Congreso Nacional”.

La Presidenta observó los artículos 107 y 108, que diferían por dos años el cumplimiento de las exigencias que los partidos políticos tendrán para obtener su personería jurídico-política, modificaciones al proyecto oficial que fueron solicitadas por muchas de las agrupaciones que tienen menor caudal electoral, a fin de poder participar de los comicios de 2011: “El veto se dirigió a uno de los puntos de compromiso a los que se había arribado en la Cámara de Diputados para lograr el quórum y la mayoría calificada requerida por la Constitución Nacional”, recuerda Rodríguez.

“La vulneración del acuerdo arribado para sancionar esta ley –agrega en su proyecto de resolución- mediante la observación de las normas citadas, implica la alteración del espíritu y voluntad del legislador, así como del espíritu de la ley, de lo que deviene su consecuente invalidez, toda vez que contraría las exigencias constitucionales que debe cumplir la promulgación parcial de normas por parte del PEN”.

“Del mismo modo, importa una asunción de atribuciones legislativas en una materia expresamente vedada por la Constitución Nacional al PEN, equivalente a que hubiera dictado una norma que establezca un plazo que deben cumplir los partidos políticos, lo que sería claramente inconstitucional”, finaliza el proyecto.