Inseguridad: aún no hay plata para combatirla

Por Sonia Escudero

Si hay algo que, paradójicamente, caracteriza al problema de la inseguridad ciudadana es, por un lado, el lugar prioritario indiscutible que ocupa en el ránking de las necesidades de la sociedad, traducida en la fuerte demanda a todos los poderes públicos (ejecutivos, legislativos y judiciales, en los distintos niveles nacional, provinciales y municipales) de una solución rápida y eficiente; y por el otro, la escasa, débil e inorgánica respuesta recibida desde el Estado, signada por avances y retrocesos, que parece no sintonizar con dichos reclamos y no estar a la altura de las circunstancias.

Semejante divorcio se torna en grado sumo irritante cuando se toma conciencia de que lo que está en juego es nada menos que la preservación del derecho a la vida de los miembros de la sociedad, objeto de máxima tutela por parte de nuestra Ley Fundamental, de prácticamente todas las declaraciones y Convenciones Internacionales de Derechos Humanos y de nuestro Código Penal, con las máximas penalidades a quienes atentan contra ella. A pesar de toda esa artillería protectora, puramente declamatoria, hoy como nunca se percibe la enorme fragilidad de nuestro ordenamiento jurídico, ante una delincuencia que mata porque sí, con frecuencia bajo los influjos de alguna droga, cuya tenencia ha sido recientemente despenalizada de hecho por nuestra Corte Suprema.

Ante la prácticamente nula voluntad del Poder Ejecutivo Nacional por reconocer el problema primero, y diseñar, luego, una verdadera política de Estado en la materia, ha sido en este Senado de la Nación donde, durante el curso de este año, se comenzó a cristalizar una toma de conciencia seria y profunda sobre el fenómeno y sobre las formas de encararlo, reconociendo su complejidad, su carácter multidisciplinario y multiagencial.

Fue en el marco de un ciclo de Jornadas sobre Seguridad, organizadas desde el Interbloque Federal, donde se analizó el problema desde sus diversas aristas: el contexto de escasa calidad institucional como marco propicio al desarrollo de la delincuencia; los factores sociales (desigualdad e inequidad social), verdadero caldo de cultivo del delito; los déficit en educación y en la formación axiológica, es decir, la internalización y consolidación de valores esenciales; los problemas de la administración de justicia (lentitud, inoperancia, corrupción, falta de transparencia); los problema de las adicciones, las armas y la violencia; las nuevas modalidades de la delincuencia, que muchas veces ponen en jaque a la Policía (que debe ser modernizada y jerarquizada); el escaso control de las fronteras frente al tráfico ilícito de toda índole; los déficit de las leyes y la política carcelaria, que requiere de una transformación completa para lograr el fin de resocialización, irrealizable en el contexto actual, donde el encierro funciona como una escuela del delito, sobre todo para los menores de edad; y los problemas derivados de la falta de inversión pública en seguridad ciudadana.

Fruto de esas jornadas, sin perjuicio de la conformación de un plan estratégico y un programa a mediano plazo, en plena preparación, se impulsó un proyecto de ley declarando la emergencia en materia de Seguridad (Expte. Nº S-3315/09), que varios senadores suscribimos, con el objeto de asignarle un carácter prioritario al problema, y que ordena una serie de medidas consideradas “urgentes” ante el estado de caos reinante. Lamentablemente, el oficialismo bloqueó su tratamiento en el presente año, confirmando lo que desde la oposición venimos señalando desde hace tiempo: que la seguridad está lejos de ser una prioridad para el Gobierno nacional.

Y para reforzar lo antes dicho, me remito al balance legislativo: la única norma en materia de seguridad que impulsó el Poder Ejecutivo fue la prórroga del Programa de Entrega Voluntaria de Armas. El resto de las iniciativas fueron presentadas por legisladores.

Uno de los avances más importantes de este año fue la aprobación en el Senado del proyecto que crea un Régimen Penal para Jóvenes, aprobado recientemente por la Cámara alta, atendiendo a uno de los principales reclamos ciudadanos. Fue un esfuerzo puramente legislativo de quien suscribe, junto a los senadores Gerardo Morales y María Cristina Pérceval (mandato cumplido).

Hablando de asignaturas pendientes en el Congreso, un capítulo aparte merece el tema de la penalización del desvío de precursores químicos. El Senado lo aprobó el año pasado, pero está paralizado su tratamiento en la Cámara baja por falta de interés del entonces Ministro de Justicia, Seguridad y Derechos Humanos, y actual Jefe de Gabinete.

Tampoco se avanzó en el castigo del lavado de dinero -la penalización del “autolavado”- figura que hoy no está contemplada en el Código Penal argentino, lo que contribuye a la impunidad de dicho delito y la inexistencia de condenas. Por otra parte, la modificación profunda de la ley de armas vigente sigue siendo un tema irresuelto – a pesar de los esfuerzos realizados desde las comisiones para emitir dictamen. En tal sentido no sólo hace falta una revisión integral de la norma, sino también del funcionamiento del Registro Nacional de Armas que hoy está administrado y financiado por un Ente Cooperador formado por los fabricantes y comerciantes de armas. Detectamos una importante negativa a revisar tal incompatibilidad.

No se han producido avances, por el momento, en relación con las modificaciones necesarias a la ley de Inteligencia, ni tampoco en relación con una nueva ley de acceso a la información pública.

Los proyectos están, lo que hasta ahora no existió fue voluntad para estudiarlos en las comisiones, dominadas por el oficialismo.

Confío en que con la nueva composición del Congreso, podamos recuperar el tiempo precioso perdido durante el dominio kirchnerista en el Congreso. La sociedad, mientras tanto, sigue esperando respuestas.

* Escudero es senadora nacional por Salta del Interbloque Federal.

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