Silvana Giudici se refirió a la investigación judicial que lleva adelante el juez federal subrogante Marcelo Martínez de Giorgi, sobre la actividad de la presidenta Cristina Kirchner en la Consultora El Chapel, señalando que dicha consultora “creada por el matrimonio Kirchner, no debería seguir en actividad hasta que Cristina y Néstor Kirchner finalicen su mandatos”.

Agregó que “en virtud del cargo de Presidenta de la Nación que detenta, se ve regida en sus actos por la Ley 25.188 de Ética en el ejercicio de la Función Pública”.

La diputada porteña explicó que “la presente ley de ética en el ejercicio de la función pública establece un conjunto de deberes, prohibiciones e incompatibilidades aplicables, sin excepción, a todas las personas que se desempeñen en la función pública extendiéndose su aplicación a todos los magistrados, funcionarios y empleados del Estado”.

“El caso de la consultora El Chapel debe ser único ya que dos tercios de su directorio tienen incompatibilidades manifiestas entre la actividad pública y el objeto de la sociedad comercial de la que son directores”, expresó Silvana Giudici, al recordar que la consultora está compuesta por Néstor Kirchner, actual diputado nacional; Cristina Kirchner, presidenta de la Nación, y su hijo Máximo como director presidente.

El 17 de septiembre del 2008, Giudici junto a los diputados radicales Rubén Lanceta, Gustavo Cusinato y Pedro Azcoiti, presentaron un pedido de informes al Ejecutivo, para conocer la relación de Cristina Kirchner con la Consultora El Chapel. Al respecto, Giudici sostuvo que “fiel a su costumbre, los Kirchner jamás nos contestaron el pedido de informes. Esta consultora nació en el 2007 bajo la presidencia de Néstor Kirchner, también incurriendo en la violación de la Ley 25.188, lo cual demuestra que los Kirchner confunden el límite entre la actividad pública y la privada”.

“La información privilegiada que podría manejar esta empresa, que entre sus socios tiene a quien maneja las variables políticas, económicas y financieras de la Argentina, hace que la consultora quede en una situación de privilegio ante el resto de las compañías del sector, pudiendo llegar a constituir una falta a la ley de Defensa de la Competencia”, afirmó la diputada radical.