Por Julio El Alí

Miedo, pánico, desesperación, desconcierto, bronca e impotencia son los verdaderos sentimientos que evidencia la sociedad argentina ante el crecimiento de los hechos delictivos. Cada día aumenta la lista de damnificados, lo cuales pagan con su vida la “sensación de inseguridad” que defiende el Gobierno. Ante el recrudecimiento de la situación de inseguridad en el país y la falta de políticas públicas, el Congreso nacional aparece en el horizonte de la ciudadanía como la institución democrática que debe “hacer algo”. Las marchas de protestas frente al Parlamento son cada vez más frecuentes y exhortan a los legisladores a sancionar leyes para “terminar con la inseguridad”.

Ante la escalada de violencia delictiva y los reclamos de la ciudadanía, la incertidumbre en materia de seguridad pública por la falta de medidas políticas abarca también al Parlamento, el cual se sumerge en una inacción del oficialismo sobre el tema.

En el mismo sentido, un trabajo de investigación realizado por Semanario Parlamentario demuestra que el flagelo de la seguridad no contó con el compromiso político para aprobar normas con el objetivo de poner freno a la inseguridad. La realidad parlamentaria indica que se han debatido en comisión varios proyectos de ley afines y algunos fueron aprobados por una Cámara, pero no fueron convertidos en ley, porque no poseen el visto bueno de la Casa Rosada. Por lo tanto, la actividad parlamentaria se transformó en una cáscara vacía en materia de seguridad pública.

El panorama legislativo sobre seguridad queda al descubierto con las estadísticas de proyectos de ley presentados, debatidos, aprobados por ambas cámaras y convertidos en ley. Al respecto, el Índice de Calidad Legislativa realizado por Semanario Parlamentario revela que en el Congreso nacional se han presentado sólo 87 proyectos de ley sobre seguridad durante 2009. Es decir que de un total de 9.279 iniciativas de ley, sólo el uno por ciento de las iniciativas de ley tratan algún aspecto para combatir la inseguridad.

En la Cámara de Diputados se presentaron un total de 5.964 proyectos de ley, de los cuales 55 se referían específicamente a la seguridad. Por su parte, en la Cámara de Senadores se presentaron un total de 3.315 propuestas de ley, de los cuales 32 tienen que ver con la lucha por la inseguridad.

Seguridad cajoneada

Una de las mayores preocupaciones de los argentinos no tiene eco en el Parlamento. Aunque en los discursos sobre cómo combatir la inseguridad la oposición coincide en que la solución debe ser integral, no existen proyectos de ley que planteen un plan integral.

Más bien, los proyectos son productos de una escalada pública del tema de la seguridad, por algún hecho que cobró resonancia mediática, por lo que apuntan a modificar el Código Penal, para bajar la edad de imputabilidad o controlar el tráfico de drogas vía aérea pero no hay proyectos referidos a las fuerzas de seguridad, a la infraestructura penitenciaria, a la eficiencia del Poder Judicial o tantos otros temas que están directamente relacionados con el tema.

La abrumadora mayoría de las iniciativas no tuvieron despacho de comisión, lo que significa su virtual paralización, y diez de ellos son representados porque no fueron tratados.

La única ley sancionada por el Congreso y promulgada por el Gobierno nacional referida a la seguridad se debe al canje de armas impulsado por el Poder Ejecutivo años anteriores. Peor suerte tuvieron los proyectos de ley de registro de violadores que fueron aprobados por ambas cámaras aunque con proyectos distintos y cada uno se encuentra en estudio con media sanción.

Otras de las iniciativas que tiene el aval del Senado, pero no fue debatido en Diputados es la ley de minoridad, es decir, la que establece un nuevo Régimen Penal Juvenil. Dicha norma sería de fundamental importancia para combatir con la modalidad de delitos cometidos por menos de edad. Sin embargo, luego de idas y vueltas la Cámara alta lo aprobó tras cuatro meses de espera. Pero la desazón de las senadoras Sonia Escudero, Marita Perceval y Gerardo Morales –autores de la ley consensuada sobre la minoridad-fue mayor cuando el oficialismo de la Cámara baja no quiso sesionar una vez más en diciembre para debatir el proyecto. Al igual que en Diputados, el bloque del Frente para la Victoria privilegió la ideología política sobre el pedido de la sociedad. Por eso, el jefe de bloque del FpV, Miguel Angel Pichetto, no insistió en sesionar otra vez, a pesar de aprobarse una moción de preferencia para el tratamiento de un proyecto de ley que declaraba la Emergencia Nacional por la Seguridad Pública presentado por la senadora justicialista Hilda “Chiche” Duhalde, quien se caracterizó durante 2009 por realizar conferencias y jornadas sobre seguridad y políticas públicas para combatir este flagelo social.

Sin embargo, como afirma la representante de la organización no gubernamental Mejor Seguridad, Constanza Guglielmi, un análisis sobre los proyectos de ley reflejan un “desacople entre la realidad y los discursos, ya que lo que en las campañas electorales aparece como consigna se transforma en un ítem secundario en el trabajo legislativo”. “Desde el punto de vista conceptual, se manifiesta un alto grado de dispersión y segmentación en el enfoque de la política de la seguridad. La ausencia de una concepción integral y un enfoque sistémico se traduce en el análisis comparativo de los proyectos presentados”, concluye Guglielmi.

En este sentido, el camino hacia un proyecto de ley integral sobre seguridad lo marcan desde el Peronismo Federal. Los senadores Chiche Duhalde, Sonia Escudero y Adolfo Rodríguez Saá, prometieron que los resultados de las jornadas desarrolladas a lo largo de seis meses de las mismas se traducirán en un proyecto de ley para ser tratado el próximo año. Por ahora, la seguridad es una materia pendiente del Congreso.