Cuando en marzo se reanude la actividad legislativa tras el discurso de la presidenta Cristina Fernández de Kirchner, inaugurando el período 128 de sesiones ordinarias, se van a potenciar las diferencias entre el oficialismo y el arco opositor.

En primer lugar deben refrendar la composición de las 45 comisiones unicamerales y con posterioridad las bicamerales, dado que se ha formado únicamente la de control de los DNU, en función del interés del Poder Ejecutivo y de la oposición, por razones diferentes por cierto.

Se llega a esa fecha por cuanto de no mediar un imponderable de último momento -en particular – alguna urgencia de la Casa Rosada-, los recintos -tanto del Senado como de Diputados- van a permanecer cerrados hasta el 1° de marzo, cuando CFK pronuncie el que será su penúltimo discurso.

Claro que todas estas acciones tendrán como marco estructural la campaña electoral de cara a las elecciones de 2011 que va a incidir en más de una oportunidad en lo que suceda en los recintos, como admitieron los senadores y diputados consultados por Parlamentario antes de partir de vacaciones por dos meses.

Lo que a continuación haremos es tratar de imaginar los cursos de acción a partir de marzo, de acuerdo con las informaciones recogidas, como así también las lógicas especulaciones que se dan en cada comienzo de año.

Tácticas

Sin lugar a dudas el bloque del FpV en la Cámara baja tiene un condimento especial: la banca de Néstor Kirchner junto a la de su jefe Agustín Rossi, quien es motivo de quejas de diferente tono por su faltazo a la composición de la Comisión Bicameral de Trámite Legislativo, el cual obligó a buscar un reemplazante en forma perentoria.

De acuerdo con las evaluaciones de integrantes de la mesa de conducción que integran, además de Rossi, José María Díaz Bancalari, Carlos Kunkel, Patricia Fadel, Carlos “Cuto” Moreno y María Teresa García, flamante secretaria parlamentaria del FpV, entre otros, es esperar los planteos de la oposición para recién adoptar una posición a favor o en contra.

Lo de la espera es por la sencilla razón de que las leyes fundamentales para los dos años restantes de CFK fueron sancionadas aprovechando el ejercicio impiadoso de mayorías en ambas cámaras.

“Salvo algún tema puntual, por ahora no vamos a presentar ninguna iniciativa de importancia económica o política”, es una frase que repitió en más de una oportunidad Díaz Bancalari, sintetizando la táctica de la primera minoría de la Cámara baja.

En ese sentido algunos de ellos arriesgan que van a bregar por iniciativas que contemplen la plena vigencia de los derechos civiles para todos, como es el caso del matrimonio gay antes que se pronuncie la Corte Suprema, que tiene este tema pendiente.

Por primera vez en 6 años de gestión de la pareja presidencial, el tablero electrónico no le es propicio: cuentan con 87 varones y mujeres, más los aliados que en su conjunto trepan a 22 o 23, lo que le da 110 votos favorables, lejos de los 129 necesarios para imponer una ley.

Entonces la idea es trabajar con leyes abarcativas, en especial para la centroizquierda y para aquellos bloques que no tienen por ahora un enfrentamiento ideológico al todo o nada.

Un detalle a tener en cuenta es que de los proyectos de ley presentados entre el 11 y el 29 de diciembre, no hay ninguno de relevancia de los integrantes del FpV, lo que es toda una señal de la táctica de esperar en el rincón y no el centro del ring, como fue costumbre hasta el 10 de diciembre, cuando se cerró un ciclo histórico a partir de los resultados del 28-J.

Finalmente no se puede soslayar un dato reiterado por los jefes de la mesa de conducción: el soldado Néstor Kirchner, salvo enfermedad o por alguna actividad proselitista, no dejará vacía su banca. Una contracción al trabajo más que obligada: no está sentado en la última fila del recinto, sino en el primer plano al lado de Rossi, es decir a donde apuntan las cámaras de televisión y de los fotógrafos.

Un arco más que flexible

En cuanto a la oposición, no es ni puede ser un bloque homogéneo. A pesar de ello, se ilusionan en público con lograrlo a partir de marzo, aunque en la intimidad, o mejor dicho en los diálogos con los redactores de Parlamentario, admiten que tiene que ser algo muy, pero muy especial, para que voten todos juntos como sucedió con la nominación de las autoridades del Cuerpo o la distribución de las comisiones.

En ese abanico de opositores, los bloques de la UCR con sus 43 miembros bajo la batuta de Oscar Aguad, y el Peronismo Federal liderado por Felipe Solá con 29, son los que van a tener incidencia a la hora de las decisiones. Sin olvidarse de los 19 de Elisa Carrió, o de los 11 de Federico Pinedo, entre otros.

Precisamente la UCR tomó la delantera a través del diputado porteño Ricardo Gil Lavedra con una propuesta más que llamativa: dijo que se van a autoconvocar en febrero, a fin de comenzar el trabajo sobre los proyectos tendientes a modificar la conformación del Consejo de la Magistratura y el INDEC.

Según Gil Lavedra, nada impide que las comisiones puedan trabajar en el segundo mes del año, e “incluso nombrar sus autoridades”. También aseguró que los decretos de necesidad que analizó la Comisión Bicameral de control de los DNU la última semana de 2009 deben ser “analizados por el Congreso antes del inicio de las ordinarias, para decidir si son o no legales”.

Se trata del veto a dos artículos de la reforma política, la creación del Fondo del Bicentenario y la autorización para emitir bonos de la deuda en Estados Unidos por 15 mil millones de dólares.

Una propuesta que por ahora es una buena intención, como la calificó un diputado del arco opositor ante la consulta de Parlamentario.

En cuanto al resto de los bloques, como el Peronismo de Marcelo López Arias y Graciela Camaño, el socialista que preside Mónica Fein, Proyecto Sur y el Interbloque coordinado por Fernando “Pino” Solanas, además de los unipersonales, anticipan una postura expectante, como no podía ser de otra manera.

Su Majestad

Ese es el cuadro de situación que lógicamente no es fijo y mucho menos un libreto congelado, sino sujeto a los vaivenes de la lucha política y de cómo la oposición va a caminar hasta los tribunales y la Corte Suprema de Justicia de la Nación para apelar las leyes que ellos consideran que atentan contra la seguridad jurídica.

Un accionar cuyas las primeras acciones fueron contra la vigencia de Ley de Medios, el sobreseimiento de la pareja presidencial por presunto enriquecimiento ilícito, la acción de amparo contra el decreto del Gobierno que contempla pagar vencimientos de la deuda con reservas del Banco Central, que lleva las firmas de los diputados Federico Pinedo (PRO), Alfonso Prat Gay, Patricia Bullrich y Juan Carlos Vega (CC).

Con relación a la Ley de Medios, el diputado nacional peronista mendocino Jorge Alvaro -un firme aliado del FpV- contraatacó y presentando un recurso de amparo por la plena vigencia de la misma, al tiempo que refutaba los argumentos vertidos por su coterráneo Enrique Thomas, del Peronismo Federal, cuando solicitó vía judicial la suspensión de la misma.

Y aporta una perlita contra Thomas: no estuvo en el recinto cuando se votó la norma.
Claro que el pico más alto de este recurso de la oposición lo generaron los senadores de la oposición: le entregaron a Ricardo Lorenzetti, presidente de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, un pedido firmado por 35 senadores para se los considere “amicus curiae” cuando la Corte deba resolver en los reclamos de provincias sobre coparticipación federal.

En el texto afirman que “nos encontramos legitimados para actuar como amigos del tribunal, por el rol institucional que la Constitución nos concede en defensa e intereses de las 21 provincias, a las que con el voto del pueblo representamos”.

En el pedido, los senadores incluyeron reclamos por la aplicación de la coparticipación federal y la distribución del impuesto al cheque, los ATN, las retracciones sobre el IVA, a las Ganancias, Bienes Personales y otros gravámenes, además del financiamiento de la ANSeS.

De esta manera la Corte Suprema de Justicia de la Nación se ha convertido en un actor estratégico para dilucidar la disputa entre el oficialismo y la oposición, que de esta manera pone a prueba su autonomía que siempre lucen entre sus méritos.
Todo producto de la judicialización de la política que ha llegado para quedarse en el 2010, y con más razón en el 2011.