Es principio indiscutible, el respeto a las Instituciones y el cumplimiento de las leyes por sobre cualquier otro interés. No hay cabida a otro sentido de actuación.

Es ese respeto el que debe surgir de sus mismas regulaciones, y la garantía constitucional que no se debe transgredir, porque nadie esta legitimado para ello en un Estado de derecho.

Y es en ese mismo Estado de Derecho en donde las Instituciones no son “nombres de personas físicas que agradan o no a los gobiernos de turno, sino que son y deben ser la consecuencia de su propia naturaleza.

El Banco Central de la República Argentina es la Institución que se infiere de su mismo nombre y no una personificación de un funcionario que según sus actuaciones sea funcional o no a la primera Magistratura. Sin dudas se requiere de el, la mayor idoneidad para dirigir e interpretar de manera adecuada su regulación en pos del interés de los argentinos.

Y de ninguna manera se podrá permitir el avasallamiento, sobre tal institución de carácter autárquico, como practica aceptada.

No hay misterios en las interpretaciones de sus normas, la Constitución Nacional y la Carta Orgánica que la rige, establecen con claridad los procedimientos y causales de remoción que no pueden ser ignorados ni pasados por alto.

Pero me preocupa escuchar a quienes, con gran responsabilidad de gobernabilidad, culpan de desestabilizadores a quienes dan cumplimiento a las directrices de nuestra Carta Magna, siendo los acusadores quienes no la respetan.

También me inquieta ver que son los mismos que se manejan con conceptos particulares sobre temas como saber que es la necesidad y urgencia requerida para llegar a la extraordinaria facultad de la emisión de un Decreto de Necesidad y Urgencia. Así se ha demostrado esta falencia en los decretos 2010/2009 y 18/2010, que adolecen de la constitucionalidad y validez que muy bien ha reflejado la comisión bicameral permanente en el dictamen emitido recientemente por la mitad de sus miembros , en su facultad de control .

Es imperiosamente necesario para un Estado republicano que se respeten todas aquellas garantías que honran a dicha cualidad.

Pero hemos sido testigos que cuando ha habido una cómoda mayoría oficialista en el Congreso se ha impedido sistemáticamente la intervención de la cámara revisora como tal y es llamativo que ahora que la realidad de mayorías parlamentarias ha cambiado , directamente se procede a obviar la intervención del Congreso Federal , un Congreso que no es un actor accidental o secundario sino que es un protagonista cuyo papel se origina en un mandato constitucional.

Hoy somos espectadores de actuaciones torpes que han excedido la institucionalidad, ignorando a quienes somos los representantes legitimados para “parlamentar”.

Estamos ante tiempos de precaución y acciones que hagan valer el sistema de contrapeso que garantice el equilibrio necesario para que esta Argentina recobre su credibilidad, confiabilidad, certidumbre y primordialmente la seguridad jurídica e institucional.

María José Bongiorno es senadora nacional por la provincia de Río Negro