El presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, firmó el mensaje que acompaña la iniciativa, la cual prevé sanciones para las empresas que cometan fraudes en las licitaciones, paguen coimas a servidores públicos o practiquen el maquillaje de servicios y productos a los gobiernos federal, estadual y municipal.

La propuesta legal llega al Congreso brasileño cuando su capital, Brasilia, está sacudida por un sonado escándalo de soborno, practicado por empresas locales y en el que el gobernador del Distrito Federal, José Roberto Arruda, está señalado como la principal figura.

En cuanto a la iniciativa, el ministro jefe de la Contraloría General de la Unión (CGU), Jorge Hage, señaló a la prensa que busca cambiar la legislación actual para permitir al Estado recuperar los recursos utilizados en los fraudes.

Asimismo, destaco Hage, por primera vez una ley va a respaldar el uso del patrimonio de la empresa para resarcir los perjuicios causados a los cofres públicos, y agregó que la propuesta prevé la aplicación de multas que varían del uno al tres por ciento de la facturación bruta de la empresa.

También propone sanciones como no recibir benefecios fiscales y la suspensión de las actividades y hasta la extinción de las empresas, dependiendo de la gravedad del delito cometido.

De acuerdo con el ministro jefe de la CGU, la condena que se puede aplicar en la esfera administrativa, que es la más rápida, es declarar no idónea a la empresa, que entre otros actos, le prohíbe participar en licitaciones y nuevos contratos.