La senadora salteña Sonia Escudero, integrante del interbloque Federal, explicó su voto favorable en el 2005 y su posición contraria a usar ahora las reservas del Banco Central para pagar deuda pública.
A continuación, Parlamentario.com publica la nota de opinión enviada por la senadora peronista Sonia Escudero.
“Mucho se ha hablado acerca de las coincidencias entre el uso de reservas para el pago de la deuda con el Fondo Monetario Internacional que se hizo en el año 2005, y el tan cuestionado “Fondo del Bicentenario”. Lo que no se ha dicho es que las circunstancias que rodearon tales medidas eran sustancialmente muy distintas.
En el 2005, el Congreso ratificó un decreto del Poder Ejecutivo (DNU 1599/05) por el cual se modificó la Carta Orgánica del Banco Central, autorizando el uso de reservas para cancelar deuda con organismos financieros internacionales. En dicha ocasión, se canceló el total de las obligaciones con el FMI por US$ 9.530 millones.
El decreto del Fondo del Bicentenario que ahora pretende convalidar el oficialismo (DNU 2010/09) vuelve a modificar la Carta Orgánica de la entidad monetaria, ampliando el uso que puede darse a sus reservas: ya no sólo permite que se utilicen para el pago de empréstitos con organismos financieros internacionales, sino que también podrá cancelarse cualquier otra deuda del Estado Nacional. Del monto total de US$ 6.569 millones que integran el Fondo del Bicentenario, un 33% (US$ 2.187 millones) será usado para cancelar compromisos asumidos con organismos multilaterales de crédito, y el 67% restante (US$ 4.382 millones) será para pagar vencimientos de deuda con tenedores privados.
¿Por qué es esto diferente a lo aprobado en 2005?
En primer lugar, es muy distinto autorizar el uso de reservas para cancelar deuda contraída con organismos multilaterales de crédito -como el FMI, el Banco Mundial o el Banco Interamericano de Desarrollo- que emplearlos para cancelar cualquier otro tipo de obligaciones, como pueden ser los títulos públicos en circulación.
Los organismos multilaterales de crédito suelen otorgar préstamos con fines específicos y llevan adelante un seguimiento periódico para controlar el buen uso de los mismos. Los títulos públicos, por el contrario, cotizan en los mercados y cambian de manos a medida que los inversores los compran y venden. Se trata en muchos casos de inversores privados -incluso, los denominados “fondos buitres” que sólo buscan hacer buenos negocios”.
Por otra parte, una diferencia no menor entre ambas medidas tiene que ver con los denominados “efectos monetarios adversos”. El decreto del Fondo del Bicentenario elimina por completo un requerimiento que si incluía el de 2005 por el cual el uso de reservas quedaba autorizado sólo en aquellas ocasiones en las que la operación resultara en un “efecto monetario neutro”. Se trata, nada más y nada menos, de evitar subas en la tasa de inflación o movimientos especulativos contra el tipo de cambio.
Pero, además, si miramos en detalle los números, veremos que la operación ahora propuesta es ilegal pues está vedada por el artículo 20 de la Carta Orgánica, que establece que el Central sólo puede prestar al Estado Nacional un monto que no supere el 12% de su base monetaria (hoy de $121.318 millones, según consta en la página web del BCRA). Este requerimiento no se aplica al pago de las obligaciones con los organismos multilaterales de crédito. Es ilegal porque si tomamos los US$ 4.382 millones del Fondo del Bicentenario que serán usados para cancelar deuda con privados, esto representa un 13,8% de la base monetaria.
No olvidemos, también, que la situación económica que vivía el país en el año 2005 era muy distinta a la actual. En aquella oportunidad la Argentina gozaba de un superávit fiscal primario del 3,7% del PBI -algo sin precedentes en la historia económica reciente de nuestro país-. Por el contrario, el 2009 cerró con un superávit fiscal primario que es la mitad del de 2008 y representa sólo el 1,5% del PBI.
Cancelar la deuda con el FMI consistía en aquel momento en un acto de maduración, de independencia, de dejar atrás viejas recetas de gurúes neoliberales y condicionamientos. Era una muestra al mundo de que la Argentina había dejado atrás la crisis y que volvía a ser un país estable.
Pero usar reservas para cancelar títulos públicos, como se quiere hacer ahora, significa entregarle un cheque en blanco al Poder Ejecutivo. Una vez aprobado, nada impide que se pueda aumentar el monto y el plazo del Fondo del Bicentenario con simples decretos y sin la intervención del Congreso.
Esto hiere de muerte no sólo al rol del Poder Legislativo sino también a la autonomía del Banco Central, cuya función principal es preservar el valor de la moneda, es decir, controlar la inflación. Se trata de una cuestión crucial para un país con desigualdad de ingresos como la Argentina, porque quienes más la sufren son los hogares de menores recursos, sin poder de ahorro y con salarios en negro y rezagados, si es que tienen trabajo.
Cuando se afectó la autonomía del Central, las cosas anduvieron mal. Los años ‘80 nos recuerdan tasas de inflación de tres dígitos y dos episodios hiperinflacionarios (1989, inflación del 4.924% y 1991, inflación del 1.344%) y una década que en economía se la conoce como “la década perdida” porque en esos diez años el PBI acumuló un crecimiento nulo. ¿Qué nos hace pensar que esta vez será diferente?
Corremos el riesgo de que la entidad monetaria se convierta en una caja del Poder Ejecutivo. Primero fue la coparticipación de las provincias, después fue el turno de las jubilaciones y la ANSES, ahora le toca al Banco Central…”.
