El radical Tunessi presentó un proyecto para modificar la ley vigente y detalló las características que tendría el organismo y la elección de sus miembros.
El diputado Juan Pedro Tunessi presentó un proyecto de ley por el cual se derogan los artículos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 19 y 20 de la Ley 26.080, del Consejo de la Magistratura , y se incorpora como artículo 2 de la Ley 24937, que establece que el consejo esté integrado por veinte miembros.
La iniciativa promueve la siguiente composición: el Presidente de la Corte Suprema de Justicia de la Nación; cuatro jueces del Poder Judicial de la Nación, elegidos por sistema D’Hont, debiéndose garantizar la representación igualitaria de los jueces de cámara y de primera instancia y la presencia de magistrados, con competencia federal del interior de la República; y ocho legisladores.
A tal efecto los presidentes de la Cámara de Senadores y de Diputados, a propuesta de los respectivos bloques, designarán cuatro legisladores por cada una de ellas, correspondiendo dos al bloque con mayor representación legislativa, uno por la primera minoría y uno por la segunda minoría.
También debería haber cuatro representantes de los abogados de la matrícula federal, designados por el voto directo de los profesionales que posean esa matrícula, y para la elección de los mismos se utilizará el sistema D’Hont, debiéndose garantizar la presencia de los abogados del interior de la República.
Habrá también un representante del Poder Ejecutivo; dos representantes del ámbito científico y académico que serán elegidos de la siguiente forma: un profesor titular de cátedra universitaria de facultades de derechos nacionales, elegido por sus pares. A tal efecto el Consejo Interuniversitario Nacional confeccionará el padrón y organizará la elección respectiva. Una persona de reconocida trayectoria y prestigio, que haya sido acreedor de menciones especiales en ámbitos académicos y/o científicos, que será elegida por el Consejo Interuniversitario Nacional con el voto de los dos tercios de sus integrantes.
Otro artículo incorpora que Los miembros del Consejo de la Magistratura durarán cuatro años en sus cargos, pudiendo ser reelegidos por una vez en forma consecutiva. Los miembros del Consejo elegidos por su calidad institucional de jueces en actividad, legisladores o funcionarios del Poder Ejecutivo, cesarán en sus cargos si se alterasen las calidades en función de las cuales fueron seleccionados, debiendo ser reemplazados por sus suplentes o por los nuevos representantes que designen los cuerpos que los eligieron para completar el mandato respectivo.
“Es necesario readecuar de manera urgente el funcionamiento del Consejo de la Magistratura, atendiendo los sólidos cuestionamientos que desde los más diversos ámbitos se formulan a la actual composición”, sostiene Tunessi en su proyecto. Agrega en sus fundamentos que “la normativa vigente surgida con motivo de la cuestionada aprobación del articulo 1° de la ley 26.080, importó una drástica reducción en la cantidad de miembros que componen este trascendente órgano de la Constitución, menguando representaciones sin que se haya brindado una justificación satisfactoria sobre los motivos que llevaron al oficialismo a trastocar la composición del Consejo, afectando su institucionalidad e independencia, tiñéndolo de un inaceptable color político y con marcado sesgo de control por parte del gobierno”.
“Todos los antecedentes parlamentarios enunciados apuntan a una integración pluralista y representativa de los quehaceres vinculados con el servicio de la administración de justicia, siendo necesario entonces volver a la integración anterior que por la cantidad de miembros, resultaba un numero adecuado para conformar las razonables expectativas de la sociedad de contar con un cuerpo selector del Poder Judicial idóneo y pluralista, con la menor cantidad de ataduras partidarias”, explicó Juan Pedro Tunessi.
“En este contexto, la reforma oficialista se ha convertido en un verdadero obstáculo para el progreso de este Instituto que fuera considerado a partir de la reforma constitucional del año 1994, como uno de los más importantes avances en materia de consolidación de la imparcialidad e independencia del Poder Judicial. Es evidente que la estrategia del oficialismo es la del pleno control del Consejo, no solo para la designación y selección de Magistrados sino además para el manejo del estratégico Jurado de Enjuiciamiento, prohijando y defendiendo a aquellos jueces que son funcionales al actual Gobierno”, concluyó Juan Pedro Tunessi.
