“La instrucción que Scioli le dio a Stornelli es una verdadera vergüenza que demuestra hasta qué punto la política de seguridad ha fracasado en todos los aspectos”, afirmó Sebastian Cinquerrui, diputado de la CC-ARI de la provincia de Buenos Aires quien presentó un proyecto de ley sobre las agencias de seguridad privadas.

Cinquerrui explicó que “la Dirección Fiscalizadora de Agencias de Seguridad Privada es el organismo encargado del control y ya fue intervenido en enero de 2008. Es algo inédito: un mismo organismo intervenido dos veces en dos años y con el mismo Ministro. Hay una improvisación absoluta”.

Para el legislador bonaerense “la intervención es una medida demagógica y efectista sin ningún sentido estratégico. Scioli nos tiene acostumbrados a este tipo de anuncios. Cuando aparece un delito cometido por un menor pide bajar la edad de imputabilidad; y cuando la gente de Wilde acusó a la policía de tener connivencia con los desarmaderos eludió el tema en lugar de intervenir la comisaría. Hacer gestos para la tribuna se ha vuelto una práctica recurrente del Gobernador, que está más preocupado por su imagen que por la seguridad de los bonaerenses.”

“Lo cierto es que la falta de transparencia viene de larga data. Desde agosto de 2007 el Poder Ejecutivo tiene una Solicitud de Informes sobre la cantidad de empresas y agentes habilitados, que todavía no fue respondida. Nadie sabe lo que ocurre en ese organismo a pesar de estar intervenido. El control de la seguridad privada es un agujero negro”, afirmó Cinquerrui y agregó que “desde la primera intervención de Stornelli en 2008 la situación no ha cambiado en nada: no hay suficientes inspectores, la mayor parte del personal de las empresas trabaja en negro y no hay ningún control sobre las agencias; el control de la seguridad privada es responsabilidad del estado provincial, pero hay un descontrol absoluto. Ante esta situación decidimos presentar una nueva ley de seguridad privada creando un organismo descentralizado y profesional abocado exclusivamente al control de las agencias de seguridad”.

Para Cinquerrui “la mayor parte de los delitos se cometen con armas robadas. Las empresas de seguridad privada tienen muchas armas de fuego en su poder y si no se controlan como corresponde pueden terminar en manos de la delincuencia. En el proyecto de ley proponemos endurecer el control del armamento”.