Ricardo Gil Lavedra presentó un proyecto para modificar la ley 26.122. Plantea una caducidad de 90 días de los decretos si el Congreso no lo aprueba y que se anulen los que no respeten las formas. Además, deben ser solamente para casos "excepcionales".
El ex ministro de Justicia y constituionalista elaboró la reforma a la ley 26.122 del régimen legal de los Decretos de Necesidad y Urgencia, de Delegación Legislativa y de Promulgación parcial de las leyes luego de las confrontaciones políticas que provocaron los últimos DNU por el uso de las reservas del Banco Central.
Gil Lavedra explicó que “entre las principales modificaciones del proyecto se halla la fijación de un plazo de caducidad de noventa días, que en caso de vencer sin que los decretos a que se refiere la ley 26.122 sean expresamente aprobados por ambas Cámaras del Congreso, éstos perderán vigencia”.
El diputado nacional porteño del Acuerdo Cívico y Social especificó que en el sistema actual la solución es la inversa: “sólo si un decreto es rechazado por ambas Cámaras pierde vigencia”. “De ese modo, el Poder Ejecutivo puede gobernar con una sola de las Cámaras en la que tenga mayoría, alterando el proceso de formación y sanción de las leyes que establece la Constitución”, agregó.
En el proyecto se precisa el carácter extraordinario de los decretos de necesidad y urgencia y se prevé la nulidad de aquellos que hayan sido dictados sin respetar los requisitos formales y sustanciales que fija la Constitución, dejando a salvo los derechos adquiridos por los particulares durante su vigencia.
También se propone elevar a doce legisladores por cada Cámara el número de integrantes de la Comisión Bicameral. Asimismo, se detallan los plazos para que ésta emita su dictamen.
La iniciativa contempla el caso de los decretos de necesidad y urgencia dictados durante el receso parlamentario, supuesto en el que se establece que la emisión de tales decretos implica la convocatoria automática a sesiones extraordinarias del Congreso.
Gil Lavedra recordó que “a la luz de lo acontecido hace pocos días, la iniciativa dispone que, rechazado un decreto, el Poder Ejecutivo no podrá dictar otro sustancialmente análogo, salvo que se produzca un manifiesto cambio de las circunstancias que tuvo en cuenta el Congreso para decidir el rechazo”.
El proyecto es acompañado por los diputados radicales Oscar Aguad, jefe de la bancada radical en la Cámara baja, Silvana Giudici, Rubén Lanceta, Ricardo Buryaile, Juan Tunessi, y por la diputada de la Coalición Cívica Patricia Bullrich y la diputada del GEN Margarita Stolbizer.
