En una sesión intrincada, el veto parcial a la ley de la Reforma Política tuvo un debate de interpretación jurídica que contó con diferentes ópticas agrupadas en una discusión antagónica entre el oficialismo y la oposición. El resultado final: la Justicia.
Más allá del rechazo al veto parcial a la Ley de Reforma Política, la interpretación de lo actuado por la Cámara de Diputados terminará en manos de la Justicia, ya que la oposición -que resultó derrotada a la hora de la votación- recurrirá al Poder Judicial para que revise lo realizado por el Congreso.
Sobre los dos tercios de los 239 diputados presentes, la oposición obtuvo 142 votos a favor, 95 en contra y una abstención del salteño Walter Wayar. Cabe destacar que el presidente no vota si éste no lo pide. En esta ocasión no votó.
Por ende, a pesar de la ausencia del diputado Néstor Kirchner, a la oposición le faltaron 16 votos, ya que necesitaba 158 en total.
En esta oportunidad, el debate se centró en la interpretación sobre si se debe aprobar con mayoría simple o dos tercios de los presentes.
Para el arco opositor, el artículo 80 de la Constitución Nacional se debería aplicar porque no se está insistiendo con la sanción original del Parlamento sino que se está declarando la nulidad del decreto que veta parcialmente una ley, según explicó la diputada Vilma Ibarra.
En cambio, para el oficialismo esta claro que el artículo 83 de la Constitución Nacional estipula que se necesitan los dos tercios de los presentes.
Tras tres horas de debate en Diputados, basándose en el artículo 228 del reglamento interno de la Cámara baja, la diputada Elisa Carrió pidió que se vote en el recinto ante el conflicto de interpretación porque para la líder de la CC la decisión no la tiene el presidente de la Cámara, es decir, Eduardo Fellner.
Al respecto, el jefe de bloque del oficialismo de Diputados, Agustín Rossi, sostuvo que el debate “fue muy importante, con una alta significancia constitucional”.
Finalizado el debate interpretativo, Fellner, como titular de la Presidencia, puso a consideración de la Cámara de Diputados con la interpretación del oficialismo. De tal manera, la oposición necesitó los 2/3 de los presentes para aprobar la nulidad del decreto que veta parcialmente a dos artículos de la ley de Reforma Política.
“Presidencia interpreta que no hay ninguna discusión”, dijo Fellner y Carrió respondió prometiendo la impugnación ante la Justicia de la decisión de la Presidencia.
Art. 80. Se reputa aprobado por el Poder Ejecutivo todo proyecto no devuelto en el término de diez días útiles. Los proyectos desechados parcialmente no podrán ser aprobados en la parte restante. Sin embargo, las partes no observadas solamente podrán ser promulgadas si tienen autonomía normativa y su aprobación parcial no altera el espíritu ni la unidad del proyecto sancionado por el Congreso. En este caso será de aplicación el procedimiento previsto para los decretos de necesidad y urgencia.
Art. 83. Desechado en el todo o en parte un proyecto por el Poder Ejecutivo, vuelve con sus objeciones a la Cámara de su origen: ésta lo discute de nuevo, y si lo confirma por mayoría de dos tercios de votos, pasa otra vez a la Cámara de revisión. Si ambas Cámaras lo sancionan por igual mayoría, el proyecto es ley y pasa al Poder Ejecutivo para su promulgación. Las votaciones de ambas Cámaras serán en este caso nominales, por sí o por no; y tanto los nombres y fundamentos de los sufragantes, como las objeciones del Poder Ejecutivo, se publicarán inmediatamente por la prensa. Si las Cámaras difieren sobre las objeciones, el proyecto no podrá repetirse en las sesiones de aquel año.
Artículo 228. Si ocurriese alguna duda sobre la inteligencia de alguno de los artículos de este Reglamento, deberá resolverse inmediatamente por una votación de la Cámara, previa la discusión correspondiente.
Los artículos vetados
Los artículos 107 y 108 fueron referidos a los requisitos para ser reconocido un partido político.
Los artículos observados tienen que ver con la cantidad de afiliados que requiere un partido nuevo, que quedarán en suspenso hasta que se conozca la reglamentación de la norma.
Según señala el decreto, “los artículos referenciados contradicen el objetivo central de la ley al diferir hasta el año 2012 la aplicación de normas que están directamente relacionadas con la mejora de la representación política y se consideran fundamentales para ordenar el universo de actores políticos, postergando la vigencia de las modificaciones introducidas por el presente proyecto de ley a diversos artículos de la Ley Orgánica de los Partidos Políticos, que resultan esenciales para la implementación de la reforma política sancionada y tornando de esta manera absolutamente incongruente con el objetivo planteado por la ley en la mejora perseguida”.
Los mencionados artículos remiten a la Ley 23.298 (Ley Orgánica de los Partidos Políticos) que establecen lo requisitos para el reconocimiento de la personalidad jurídico-política.
El decreto señala que “el artículo 107 del proyecto de ley sancionado establece que los partidos políticos de distrito y nacionales con personería jurídico-política vigente tendrán plazo hasta el 31 de diciembre de 2011 a los efectos de cumplir con lo dispuesto en los artículos 7º ter y 8º de la Ley Nº 23.298 -Ley Orgánica de los Partidos Políticos-, disponiendo asimismo que a la fecha de su entrada en vigencia se extinguirán la acción y las actuaciones que se encuentran en trámite referentes al artículo 50 incisos a), b), c), e) y f) de la citada Ley Nº 23.298”.
Desde el Ejecutivo se expresó que el artículo 107 contenía un error, aparentemente de “tipeo”, ya que fijaba al 31 de diciembre de 2011 -en lugar de 2010- como fecha para la entrada en vigor del inciso tercero del artículo séptimo y del artículo octavo de la norma, referidos a los requisitos para la formación de confederaciones nacionales y para la fusión de partidos políticos.
En caso de no haberse corregido los artículos, la ley de reforma política recién tendría efecto en las elecciones legislativas de 2013 y no en las presidenciales de 2011, como pretende el Gobierno.
“El artículo 108 del proyecto de ley sancionado dispone que los artículos 2º y 3º del mismo, que modifican el artículo 7º e incorporan el artículo 7º bis a la Ley Orgánica de los Partidos Políticos Nº 23.298, relacionados con el reconocimiento de la personería jurídico-política a una agrupación política y con la obtención de la personería jurídico política definitiva a los partidos en formación, respectivamente, entren en vigencia a partir del 31 de diciembre de 2011”, puntualiza también el decreto presidencial.
