Es inminente la sanción del proyecto de ley que establece la prohibición de la instalación y funcionamiento en todo el ámbito de la Ciudad de Buenos Aires, de cajeros automáticos bancarios o máquinas expendedoras de dinero en todas las salas de juego habilitadas.

La norma es producto del consenso arribado entre dos propuestas presentadas por los legisladores PRO, Daniel Amoroso y Gerardo Ingaramo, por un lado y del ex diputado de la Coalición Cívica, Facundo Di Filippo, por otro.

Según los puntos más destacados y coincidentes de las iniciativas, la prohibición de la instalación y funcionamiento de cajeros automáticos en las salas de juegos de azar obedece a que los mismos resultan potencialmente nocivos para las personas que padecen “ludopatía”, ya que facilita el acceso al dinero necesario para realizar nuevas apuestas.

La ludopatía es un trastorno de la personalidad, cuyo rasgo principal es la imposibilidad de controlar el impulso de apostar en juegos de azar y está reconocida como enfermedad por la Organización Mundial de la Salud. Incluso desde 1980, ya había sido identificada de forma similar por la Asociación Americana de Psiquiatría (APA) en su Manual Diagnóstico y Estadístico de Trastornos Mentales.

“Pensamos que, como toda conducta adictiva, la ludopatía debe ser considerada un problema de salud pública que concentre la preocupación y atención del Estado provincial”, coincidieron en señalar en los fundamentos de ambos proyectos los diputados impulsores de la norma.

Cabe destacar que la Legislatura bonaerense en noviembre de 2009, sancionó una ley en la cual se establece similar prohibición y además ya en marzo de 2007 el titular del Juzgado de Faltas N° 2 de La Plata, el juez Dante Rusconi, sostuvo en un dictamen que ordenaba retirar un cajero automático que funcionaba en un bingo que “la presencia en la sala de una máquina expendedora de dinero “contribuye, casi de manera determinante, a disparar el deseo -patológico o no- de seguir apostando cuando el jugador se queda sin dinero”.

Función del Estado

Las iniciativas coinciden en señalar que el Estado tiene la responsabilidad de cuidar la salud de sus habitantes, y que por “medio de instrumentos legales y técnicos debe aumentar las condiciones de cuidado, disminuyendo los márgenes de insalubridad”, en el caso puntual de la ludopatía.

Destacan asimismo que no existe Estado que pueda llamarse tal, si entre sus prioridades no tiene la de cuidar la calidad de vida de sus habitantes, y que “esta Legislatura como la casa de los representantes del pueblo debe hacerse eco de este flagelo y facilitar herramientas para combatirlo, en el sentido de que la existencia de condiciones que permiten el fomento de la ludopatía, deben ser consideradas como negativas y perjudiciales y por ende deben combatirse con el objeto de preservar la salud psíquica de los habitantes que no sufren de dicho mal, y para coadyuvar a eliminar obstáculos en la búsqueda de la cura a aquellos que la sufren”.

Por ello los diputados firmantes de ambas presentaciones manifiestan que siendo las salas de juego y actividades lúdicas, capaces de llevar a quienes participan en ellas a desarrollar conductas adictivas con múltiples manifestaciones ruinosas, para su salud física y psíquica, su vida social, de relación, y su patrimonio y que esa patología conocida como “ludopatía” tiende a empujar a las personas a un “abrumador e incontrolable impulso de jugar” ya que el impulso “persiste y progresa en intensidad y urgencia, consumiendo cada vez más tiempo, energía y recursos emocionales y materiales de los que dispone el individuo”. En esa línea, expresan que la adicción en cuestión “invade, socava y a menudo destruye todo lo que es significativo en la vida de la persona”.

Bancarización

En la norma cuyo tratamiento está previsto para el próximo 8 de abril se sostiene que si a las conductas adictivas se le agrega la “bancarización” del pago de los salarios a los empleados públicos y privados, es “lógico pensar que será muy común que muchas de las personas que asisten a esos lugares de esparcimiento cuenten con una tarjeta magnética para acceder – cajero electrónico mediante- a su sueldo para poder gastarlo en apuestas. Ello conlleva un riesgo para el equilibrio de la economía personal o familiar, el cual se torna cierto, concreto y manifiesto si el apostador sufre de ludopatía” afirman los autores de los proyectos que serán tratados en el recinto porteño.

En ese mismo sentido, abundan en remarcar que el funcionamiento de cajeros automáticos donde se realizan apuestas, “es un elemento que contribuye, casi de manera determinante, a disparar el deseo – patológico o no – de seguir apostando cuando el jugador se queda sin dinero en sus bolsillos, o en los de las personas que lo acompañan. Todo ello muchas veces a costa del equilibrio de la economía del apostador y de su familia”.

Como fundamento y basamento legal de la norma prohibitiva que se pretende sancionar los legisladores también hacen hincapié en el artículo 5º de la Ley de Defensa del Consumidor la que establece que: “Las cosas y servicios deben ser suministrados o prestados en forma tal que, utilizados en condiciones previsibles o normales de uso, no presenten peligro alguno para la salud o integridad física de los consumidores o usuarios”.

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