El Congreso nacional se encuentra intrincado en discusiones reglamentarias con antagónicas interpretaciones. La falta de consensos políticos provoca la ausencia de debates y la judicialización de la actividad legislativa.
Por Julio El Alí
La primera sesión ordinaria en la Cámara de Diputados de la Nación en el año del Bicentenario produjo un hecho muy preocupante, ya que ha puesto en discusión el sistema político argentino y la división de poderes.
Argentina es un país presidencialista con un Congreso nacional y un Poder Judicial que en la práctica tiene cierta dependencia del Poder Ejecutivo. Esta máxima nadie la discute, aunque algunos políticos dieron un paso al frente en la búsqueda de equilibrar el hiperpresidencialismo y pusieron al tope del Ejecutivo al Poder Legislativo, utilizando una interpretación rigurosa de la Constitución nacional, por la cual las atribuciones del Congreso casi se igualan a la de la Casa Rosada. Por lo tanto, ante este juego de poder aparece la Justicia siendo arbitro de lo que la política no puede resolver.
Ahora bien, los jueces resuelven con una interpretación de las normas establecidas en el plexo normativo constitucional y demás códigos. Pero, también es cierto, que la interpretación tiene influencias políticas lo que termina convirtiendo al sistema político argentino en tres poderes entrecruzados en la lucha, justamente, por el poder de conducción del país.
La disputa permanente y la falta de acuerdos entre la oposición y el oficialismo pone de manifiesto a una situación de parálisis política alarmante, ya que el Parlamento aparece totalmente judicializado.
En rigor, la dirigencia política, tanto desde el oficialismo como de los sectores enfrentados al Gobierno, no quieren ceder ni un milímetro ni acordar el normal desarrollo de la actividad legislativa.
Para la oposición, el kirchnerismo no se ha dado cuenta de la nueva realidad de la composición del Parlamento, producto de la dura derrota del Gobierno en las urnas el año pasado. Ante esta nueva realidad, la oposición ahora intenta imponer su número y en el juego de las mayorías en el sistema democrático ganó terreno, a contraposición del Frente para la Victoria que durante seis años manejó a su antojo la agenda legislativa. Pero el FpV no está dispuesto a reconocer al Parlamento opositor por lo que intenta desde el recambio legislativo utilizar cualquier artilugio que impida avanzar con el normal proceso legislativo.
En la concepción oficialista, la idea puesta en acciones es clara: el pueblo votó a Cristina Kirchner para conducir el destino del país durante cuatro años y mientras tenga mandato, el Congreso tiene “mínimas” atribuciones.
Es decir, la oposición realza -y a veces extralimita- las funciones del Congreso, mientras que el oficialismo intenta por órdenes de la Casa Rosada limitar al máximo el andar legislativo.
El resultado de este juego político donde no se llega a lograr unificar criterios de interpretación y mucho menos acuerdos entre los variopintos interlocutores de la oposición, y los dirigentes oficialistas sin capacidad de decisión, es sin dudas, la realidad que vive hoy el Parlamento argentino, donde la Justicia se ha convertido en el árbitro de un poder independiente. En tanto, numerosos temas como la inflación, la inseguridad, el paco, la pobreza, están ahí esperando que sus representantes se dignen de discutir estas problemáticas.
Congreso judicial
El pueblo votó el año pasado y configuró un mapa parlamentario complejo con una clara misión: equilibrar el poder avasallante del Gobierno. Sin embargo, este mandato popular parece haber superado la capacidad de negociación de la dirigencia política nacional. Ante el equilibrio de fuerzas que existe en la actualidad en el Congreso, en donde no existen mayorías, las palabras recurrentes en el recinto y en los pasillos es “Justicia”. Asesores, diputados, senadores y periodistas parlamentarios coinciden en que cada discusión, sin importar quien sea el triunfador, el resultado de lo actuado por el Congreso terminará decidiéndose en los Tribunales, lo que significa una judicialización extrema que congela cualquier posibilidad de debate, diálogo y acuerdos para buscar soluciones a los problemas de la sociedad.
El fiel reflejo de la pérdida de tiempo valiosos en la búsqueda de leyes que solucionen una anormalidad o aporten una alternativa a distintos problemas, fue la discusión durante más de doce horas sobre cuestiones reglamentarias en la cual no hubo acuerdo y se terminó con una advertencia: “Vamos a recurrir a la Justicia”.
Intérpretes de la Constitución
En cualquier libro básico de Educación Cívica de la secundaria queda claro que quienes interpretan -si lo realizado por otros poderes está en la letra de la Constitución nacional- son los jueces de la Corte Suprema de la Nación.
En la primera sesión del año, donde se aprestaba el tratamiento del rechazo del DNU que crea el Fondo de Desendeudamiento Argentino, los diputados dieron rienda suelta a exposiciones de derecho constitucional básico y cada uno expuso su visión sobre la interpretación de artículos de la Constitución comparando con el reglamento interno de la Cámara baja como si fueran a sentar jurisprudencia.
En su equivocado rol, como bien lo destacó la diputada Vilma Ibarra, los diputados discutieron tres horas y media sobre una interpretación reglamentaria que terminó siendo decidida por la presidencia de la Cámara baja Eduardo Fellner, y con la amenaza de la diputada Elisa Carrió de recurrir a la Justicia.
En esta oportunidad, el debate se centró en la interpretación sobre si se debe aprobar con mayoría simple o dos tercios de los presentes la declaración de rechazo y nulidad al decreto que veta parcialmente a la ley de Reforma Política sancionada el año pasado.
Para el arco opositor, el artículo 80 de la Constitución nacional se debería aplicar porque no se está insistiendo con la sanción original del Parlamento, sino que se está declarando la nulidad del decreto que veta parcialmente una ley, según explicó la diputada Vilma Ibarra. En cambio, para el oficialismo estaba claro que el artículo 83 de la Constitución estipula que se necesitan los dos tercios de los presentes.
Tras tres horas de debate con discursos de “juristas”, basándose en el artículo 228 del reglamento interno de la Cámara baja, la diputada Elisa Carrió pidió que se vote en el recinto ante el conflicto de interpretación porque para la líder de la CC la decisión no la tiene el presidente de la Cámara.
Al respecto, el jefe de bloque del oficialismo de Diputados, Agustín Rossi, sostuvo que el debate “fue muy importante, con una alta significancia constitucional pero la decisión la tenía el presidente”. Además de las posturas antagónicas entre el oficialismo y la oposición, esta última tampoco estaba unida ya que el jefe de la bancada del PRO, Federico Pinedo, había sugerido que el tema vuelva a comisión lo que generó otra pequeña polémica, ya que no puede volver a la Comisión Bicameral Permanente de Trámite Legislativo. Pero la observación a un error de redacción del dictamen firmado en esa comisión era válido.
Para finalizar el debate interpretativo, Fellner, como titular de la Cámara baja, puso a la madrugada del jueves, a consideración de los diputados con la interpretación del oficialismo. De tal manera, la oposición necesitó los dos tercios de los presentes para aprobar la nulidad del decreto. “Presidencia interpreta que no hay ninguna discusión”, dijo Fellner y Carrió respondió prometiendo la impugnación ante la Justicia de la decisión de la presidencia. Pero no fue la única. Antes, previendo una derrota que al final no fue, el diputado Héctor Recalde, asesor legal de la CGT, advirtió que este tema terminaría en la Justicia “gane quien gane” en la votación. Por ende, el resultado válido no es el que exhibió el tablero del recinto de la honorable Cámara sino lo que dictamine un señor juez. Entonces, aquella “escribanía del Poder Ejecutivo” pasó a ser un Tribunal de Primera Instancia Parlamentaria, en al cual se actúa pensando presentar un recurso en la Justicia.
Debate judicial
En el juego de las mayorías y minorías, la oposición en la Cámara alta impuso su número y logró modificar la composición de la Comisión Bicameral de control de los decretos por necesidad y urgencia (DNU). De tal manera, la senadora oficialista Beatriz Rojkés de Alperovich debió ceder su lugar al senador opositor Luis Juez. Pero la legisladora tucumana no se quedó de brazos cruzados y recurrió a la Justicia, la cual en un trámite express, falló a favor del Gobierno y ordenó restituir a Rojkés y declarar nulo todo lo actuado por la Bicameral con la composición nueve a siete, favorable para la oposición.
Obviamente, el oficialismo festejó esta medida judicial olvidándose de las múltiples acusaciones que realizó a la oposición por recurrir a la Justicia en el caso del Fondo del Bicentenario y demás.
Por su parte, la oposición tomó la decisión de no debatir el DNU 298 que habilita el pago de los vencimientos de la deuda pública con las reservas del Banco Central tras el fallo a favor del Gobierno del juez Enrique Lavié Pico, quien ordenó reinstalar a la senadora Alperovich. En ese marco, los principales bloques opositores de la Cámara baja debieron retroceder en su intención de rechazar el DNU del Fondo de Desendeudamiento Argentino, luego de que la Justicia declarara ilegítima la composición de la Bicameral que emitió dictamen sobre ese decreto.
Para el júbilo oficialista, el débil armado antikirchnerista en Diputados volvió a quebrarse, y las diferencias internas hicieron que se diera marcha atrás. En conclusión, una orden judicial no permitió el necesario debate sobre el uso de las reservas para pagar la deuda.
Con estos vaivenes, el Parlamento argentino se ha convertido en una reserva de causas judiciales, donde las interpretaciones de uno u otro sector pasa ahora por la Justicia, obviando los debates. La sociedad reclama a gritos: diálogo y consenso. Habría que ver si los legisladores llevan adelante este pedido, que no es mucho, por cierto.
