Una diputada nacional del radicalismo propone crear una comisión bicameral crear una bicameral para auditar los programas en marcha, ante las numerosas denuncias en marcha.
En la edición del diario La Nación del día 24 de marzo se informa que el Gobierno intenta aumentar el control de planes sociales, ante las numerosas denuncias formuladas por la oposición, grupos piqueteros antikirchneristas y ONGs que estudian el programa Argentina Trabaja .El asunto reviste particular importancia teniendo en cuenta que fuentes de la Casa Rosada aseguraron que desde agosto del 2009 se gastaron 450 millones de pesos en unos 80.000 beneficiarios.
Frente a esa situación, el Gobierno quiere crear en lo inmediato una fiscalía especial de investigaciones que funcionaría bajo la órbita del Ministerio Público. Resulta fácil advertir que lo correcto es que quienes auditen el gasto no estén atados ni presupuestaria ni políticamente con quien lo ejecuta.
Así lo entiende la diputada nacional Norah Castaldo, quien acaba de presentar un proyecto de ley de creación de una Comisión Bicameral permanente de seguimiento, control, alcance, eficacia e impacto social -incluido lo habitacional- de todo tipo de programas que procuren atemperar la pobreza e indigencia estructural.
La ejecución de políticas activas en esta materia no es fruto de graciables decisiones del gobierno de turno sino consecuencia del denominado constitucionalismo social que emana de nuestra Constitución y Tratados suscriptos.
Esa comisión tendrá por objeto el control de la implementación, ejecución e imposición del gasto en materia de planes de ayuda social, tanto los previstos en el presupuesto nacional como en toda otra disposición vigente o que en el futuro se dictare con ese propósito.
La comisión estará integrada por ocho miembros de cada una de las cámaras, designados por cada una de ellas. Tendrá carácter permanente y dictará su propio reglamento interno.
Castaldo quiere que la comisión verifique que la aplicación de los planes sociales y habitacionales, se ajusten a los fundamentos y propósitos contenidos en normas constitucionales, legales y reglamentarias vigentes, constatando su estricta observancia en todos los aspectos. Asimismo tendrá facultades para proponer al Poder Ejecutivo criterios alternativos- no vinculantes- para el desarrollo de los programas, para lo cual tendrá especialmente presente la distribución regional específica de la inversión, de acuerdo a las necesidades de cada región.
